El Ayuntamiento de Castellfort ha mostrado su malestar con la decisión del Gobierno de mantener a la localidad en la Fase 0 de la desescalada.
La alcaldesa, Rosa Adela Segura, ha señalado que «confiábamos en entrar en la Fase 1. No entendemos qué tiene que ver un pueblo de poco más de 200 vecinos, donde no se han producido casos, con la ciudad de Valencia, Madrid o el área urbana de Castellón cuando estamos a más de 90 kilómetros». La primera edil ha remarcado que «nos sentimos profundamente discriminados respecto al resto de pueblos de la comarca de Els Ports, Teruel y el Baix Maestrat. Si querían optar por la prudencia lo lógico hubiese sido dejarnos a todos en la Fase 0».
El Ayuntamiento ha pedido al Gobierno que rectifique y a la Generalitat que ejerza la presión necesaria para que se modifiquen los pueblos que pueden entrar en la Fase 1.
La alcaldesa ha explicado que en el pueblo el responsable del único bar ya estaba trabajando para poder abrir, había adquirido más mesas para poder situarlas en la calle con mayor espacio. Y es que en Castellfort no hay problema de espacio.
Así mismo desde el municipio se ha mostrado «el temor que tenemos a ir por detrás en cada fase de la desescalada. A 10 kilómetros, en Teruel, con pueblos como Castellfort, todos estarán ya en la Fase 1 y si vamos con retraso ahora estaremos así hasta que pueda normalizarse la situación».
La alcaldesa ha indicado que pueblos vecinos, incluso limítrofes con Castellfort pasan a la Fase 1 habiendo tenido casos e incluso varios fallecidos, como se han dado en Morella.
Además de la queja al Gobierno de España desde Castellfort se solicitará a la Generalitat que actúe con los pueblos del interior de Castelló como en el caso de Ademuz, donde la consellera de Sanidad, Ana Barceló, ha reclamado al Gobierno «que actúe con Ademuz como con el condado de Treviño en el País Vasco».
«Ya vivimos algo parecido cuando pretendían autorizarnos a que fuésemos a comprar con los niños y no autorizaban a salir en pueblos pequeños» ha lamentado Rosa Adela Segura quien ha señalado que «en estas decisiones no se puede actuar con todos por igual y se deben tener en cuenta las singularidades de cada pueblo, comarca o entorno, porque una u otra normativa condiciona la vida de muchos vecinos, servicios y actividades económicas».
