La obra de rehabilitación del inmueble está valorada en 16,8 millones de euros y tiene un plazo de ejecución de 22 meses
La junta de gobierno local del Ayuntamiento de Castellón ha aprobado hoy el proyecto de reforma del edificio de los antiguos juzgados de la plaza Juez Borrull, redactado por los servicios técnicos de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, con asistencia técnica externa, y supervisado por técnicos municipales. El portavoz del equipo de gobierno, Rafa Simó, ha dado cuenta del acuerdo en su comparecencia tras la junta.
El presupuesto de las obras es de 16,8 millones de euros, siendo el plazo de ejecución de las mismas de 22 meses. A partir de ahora, se debe notificar a la Generalitat la adopción del acuerdo en orden a continuar las actuaciones previstas en el protocolo de intenciones suscrito entre el consistorio y la administración autonómica en fecha 29 de mayo de 2017.
Dicho protocolo, firmado entre el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y la alcaldesa de Castellón, Amparo Marco, tiene como objeto la optimización del inmueble que es propiedad de la Generalitat, de manera que previa rehabilitación del mismo, pueda ser destinado a dependencias tanto municipales como autonómicas. La distribución del espacio será proporcional a la aportación que cada administración efectúe con el fin de poner en uso el referido edificio y garantizar que se atienden las necesidades manifestadas por las partes de acuerdo a la fórmula jurídica que ambas administraciones establezcan en el convenio que a este efecto se suscribirá con posterioridad.
En base al mismo protocolo, que recoge el acuerdo de la junta de gobierno de hoy, la Generalitat manifestaba la voluntad de asumir, entre otros compromisos, el de elaborar el proyecto de rehabilitación del inmueble a través de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, en el cual se tendrían en cuenta las necesidades y aportaciones realizadas por el Ayuntamiento. Asimismo, el consistorio manifestó su intención de aprobar el referido proyecto redactado por la Generalitat y que se deberá notificar a la administración autonómica.
