‘Castelló per la Justícia i contra la Corrupció’ denuncia a Ortolá por ‘mentiras y racismo’

‘Castelló per la Justícia i contra la Corrupció’ denuncia a Ortolá por ‘mentiras y racismo’

La plataforma espera que la Fiscalía contra los Delitos de Odio actúe y que la alcaldía considere si es adecuado mantener en su puesto a una persona con 'conducta moral cuestionable'.

 

El concejal responsable de seguridad ciudadana de Castelló de la Plana, Antonio Ortolá, ha sido objeto de severas críticas por parte de la plataforma ‘Castelló per la Justícia i contra la Corrupció’. Esta organización, en un comunicado, ha expresado su preocupación sobre unas recientes declaraciones del edil, que consideran falsas y racistas.

La plataforma confía en que la Fiscalía contra los Delitos de Odio tome las medidas necesarias y que la alcaldía evalúe la idoneidad de mantener en su puesto a una persona que, según ellos, ha demostrado una conducta moralmente cuestionable.

El presidente de Castelló per la Justícia i contra la Corrupció, Antoni Porcar Gómez, destaca que, en sus declaraciones, el concejal ha hecho afirmaciones como,

Confirmado: el asesino es un magrebí.

Patricia Puerta acusa a Begoña Carrasco (PP), de ser «cómplice de los discursos de odio» del edil de Vox «si no firma el cese fulminante de su socio de gobierno»

Según la plataforma, se basan en fuentes falsas y descalifican a otros partidos políticos al hacerlos cómplices del crimen. Además, se critica que el concejal se haya jactado de su discurso de odio. La plataforma considera que un representante público debe actuar con prudencia y que no debería delegarse la seguridad ciudadana en alguien que lanza acusaciones infundadas contra un grupo específico.

Sus actos y declaraciones revelan una bajeza moral indignante para un representante público del pueblo de Castelló. Este individuo ha utilizado el asesinato de un niño para propagar su miseria moral con afirmaciones como: “Confirmado: el asesino es un magrebí”, aceptando fuentes de confirmación falsas, descalificando a otros partidos políticos al hacerlos cómplices del crimen y jactándose de su discurso de odio. No debería ser un representante de nuestro pueblo.

Aseveran.

Un representante público debe actuar con prudencia; sus declaraciones deben ser ponderadas, tranquilas y sensatas. La máxima responsable del gobierno municipal no debería delegar la seguridad de los ciudadanos en alguien que miente acusando a un grupo específico, en este caso, los magrebíes, de delitos muy graves; es como poner a un pirómano al frente de los bomberos.

La plataforma destaca que el edil ha borrado el mensaje al saber que Fiscalía ha abierto una investigación,

Sin embargo, quien no tiene reparos en difundir acusaciones falsas contra un grupo humano determinado y se jacta de hablar con claridad, tan pronto como se entera de que la Fiscalía ha abierto una investigación contra quienes propagan esas mentiras, se acobarda y borra el mensaje falso. Lo borra, pero aún tiene la desvergüenza de decir que ningún político es tan honesto como él al reconocer el error. No debería reconocer el error, sino admitir la mala intención y la obscena maldad de su mensaje de odio.

La crítica también se dirige a la presidenta de las Corts Valencianes, Llanos Massó, quien ha anunciado que su partido presentará una denuncia contra un grupo de músicos por exhibir una pancarta en la que se decía que el concejal tenía «cara de culo». La plataforma cuestiona la prioridad de la denuncia y la considera una defensa de la xenofobia y un intento de silenciar a los críticos.

Y, por si la ridícula actitud del concejal de seguridad no fuera suficiente, la presidenta provincial de su partido, que es la presidenta de las Cortes Valencianas, ha hecho declaraciones ignominiosas que avergüenzan a la institución y a todos los valencianos decentes. La Presidenta ha tenido el descaro de decir públicamente que su partido denunciará a un grupo de músicos por exhibir una pancarta que decía que el concejal de seguridad tiene «cara de culo». El asunto es más grave de lo que parece: la segunda autoridad valenciana defendiendo la xenofobia de un concejal y afirmando que presentará denuncia contra unos artistas.

Además, se acusa al concejal de haber malgastado 75.000 euros públicos en la eliminación de pintadas que incluían su nombre, considerándolo una forma de corrupción.

Recientemente, el concejal se jactaba de haber gastado 75.000 euros de fondos públicos en borrar pintadas con su nombre. Esto es corrupción manifiesta y pública. Si hubiera dicho que se ha gastado 75.000 euros en limpiar las paredes de pintadas inapropiadas, sería aceptable, pero afirmar que gasta nuestro dinero para limpiar su imagen, nos parece simplemente inapropiado.

El presidente de Castelló per la Justícia i contra la Corrupció, Antoni Porcar Gómez, también ha subrayado la necesidad de combatir la impunidad y el nivel de confusión y mala intención que observan en ciertos cargos públicos.

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Porcar, desde la Plataforma expone,

No sabríamos valorar si la cara del concejal en cuestión se asemeja a la parte posterior del cuerpo humano, pero eso es una cuestión estética que nada tiene que ver con el odio. La Presidenta de las Cortes debería saber que los delitos de odio están dirigidos contra personas y grupos humanos en situación de inferioridad. Asegurar, sabiendo que es falso, que se ha confirmado que el asesino de un niño es un magrebí, para provocar rechazo y odio contra esa comunidad, puede constituir un delito por avivar el odio contra un grupo de personas en inferioridad de condiciones. Decir que un concejal tiene «cara de culo» no pasa de ser una grosería.

Insiste.

Finalmente, el presidente de ‘Castelló per la Justícia i contra la Corrupció’, recuerda,

En 2017, cuando nació nuestra asociación, veníamos de situaciones evidentes de corrupción y uno de nuestros objetivos era combatir la sensación generalizada de que la corrupción era algo natural en las instituciones públicas. Ahora consideramos necesario combatir la impunidad con la que se miente desde plataformas de comunicación y desde cargos políticos, ya que algunos cargos públicos han alcanzado un nivel de confusión mental y mala intención que empieza a ser inaceptable.

Concluye, el presidente de la plataforma ‘Castelló per la Justícia i contra la Corrupció’, Antoni Porcar Gómez.