En una jornada ciudadana, el Ayuntamiento de Castelló y el Consell han dado a conocer la nueva normativa para combatir los abusos inmobiliarios. La concejala de Vivienda ha expuesto las medidas de presión que los fondos buitre ejercen en la ciudad.
El secretario autonómico de la Conselleria de Vivienda y Función Social, Alejandro Aguilar, y la concejala de Vivienda del Ayuntamiento de Castelló, María Jesús Garrido, han llevado a cabo una jornada con la ciudadanía en la que han presentado la nueva normativa y las acciones para frenar los abusos inmobiliarios y garantizar el derecho al acceso a la vivienda. Aguilar ha explicado el nuevo decreto ley autonómico contra la emergencia residencial, que incluye la cesión temporal obligatoria del uso de las viviendas deshabitadas de grandes propietarios. Por su parte, Garrido ha destacado la presión ejercida por el Ayuntamiento frente a un fondo buitre en el Raval Universitari.
Garrido ha afirmado,
Los fondos buitre provocan el desalojo de los vecinos y que es necesario reforzar la legislación para evitar sus abusos. Además, ha señalado que estos fondos no se encargan del mantenimiento de las viviendas y presionan a los inquilinos para que acepten un aumento del 50% en la renta, bajo la amenaza de expulsarlos.
Además, ha recordado algunas medidas del Ayuntamiento, como la realización de una inspección técnica y la solicitud de reparación de desperfectos. La concejala también ha destacado la aprobación en el Pleno de una moción en la que se reprobaban «las prácticas abusivas de los fondos buitre».
El secretario autonómico ha explicado las medidas adoptadas por la Generalitat para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad en la vivienda y evitar abusos en el ámbito inmobiliario. Ha destacado que se han fortalecido las herramientas de la Administración para impulsar soluciones habitacionales en casos de emergencia y se fomenta la intermediación para evitar la pérdida de viviendas.
También ha resaltado la creación de un registro de grandes propietarios y la obligación de ceder temporalmente las viviendas que lleven más de un año sin ocupar, así como la expropiación forzosa de las viviendas de protección pública de grandes propietarios que lleven más de un año vacías.
Por último, Aguilar ha explicado el fortalecimiento de la colaboración entre la Generalitat y los Ayuntamientos y la creación de un registro de promotores sociales.
