La concejala Garrido subraya la adquisición de nueve viviendas y las 1.046 atenciones de la Oficina de Vivienda durante la pandemia
La Concejalía de Vivienda del Ayuntamiento de Castellón subraya que ultima la primera compra pública de vivienda municipal después de no adquirirse ninguno en cuatro décadas”. Son nueve pisos nuevos que se sumarán a los 227 actuales del parque municipal. La regidora María Jesús Garrido subraya que los servicios técnicos han confirmado que nueve de los 12 pisos presentados reúnen las condiciones para incorporarse al Plan de Compra Público del Ayuntamiento, dotado en 1,8 millones de euros.
Garrido ha realizado un balance del último año en el que destaca que la Oficina Municipal de Vivienda ha centrado “los esfuerzos técnicos, administrativos y políticos para hacer frente a las necesidades provocadas por la pandemia, con 1.046 servicios en atender emergencias habitacionales, en ayudar en la tramitación de ayudas al alquiler, acompañar en procesos de moratoria de alquileres o prorrogar desahucios en consonancia con el Protocolo Municipal y con el decreto de medidas urgentes del Gobierno central».
Afirma que la ejecución de los 1,8 millones de presupuesto del Plan de Compra Municipal se retrasó en 2020 por la pandemia, por un lado, y por otro, “por el desinterés de las entidades financieras y los grandes propietarios, que han eludido ofrecer las viviendas vacías que disponen en la ciudad”.
La primera fase de licitación del Plan de Compra quedó desierta por falta de candidatos, y en la segunda parte que se promueve en estos momentos de acuerdo a la ley de contratación pública -compra directa con procedimiento negociado-, han entrado 12 viviendas que corresponden a particulares e inmobiliarias. De las 12, 9 han recibido el informe técnico favorable. El precio máximo de cada unidad está establecido en 101.000 euros.
Garrido resalta que el Ayuntamiento materializará “este año el incremento de mayor envergadura del parque público desde los años 80, tras no adquirirse ninguna en los 24 años de gobiernos en la ciudad del Partido Popular, que abandonó a los residentes de las viviendas municipales por ser clases populares”. La concejala lamenta que el PP en el Gobierno central legisló a favor de los fondos buitre y propició que “estas sociedades de inversión adquirieran antiguas viviendas de protección pública, especulando con el precio del alquiler y provocando la marcha de los inquilinos”.
La regidora municipal resalta que el Ayuntamiento “tiene el reto en esta legislatura de aumentar la cifra de viviendas asequibles a través del plan de compra pública, con una nueva bolsa de alquiler social e intentando movilizar vivienda vacía de los grandes propietarios y fondos buitres”.
