El Pleno de Castellón, ha aprobado la nueva ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el aumento del valor de los terrenos de naturaleza urbana.
Los órganos de gobierno de CEV Castellón, comité ejecutivo y junta directiva se han sumado a las propuestas efectuadas por el sector de la promoción y construcción de Castellón a fin de que la nueva ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el aumento del valor de los terrenos de naturaleza urbana –plusvalía-, aprobada por el pleno del Consistorio de Castelló, pueda establecer un factor reductor que pondere el grado de actualización del valor de los terrenos -por transformación del suelo en viviendas- con el máximo del quince por ciento, y se reduzcan, tanto los factores, como las clases de impuesto, singularmente para los primeros seis años.
Como ha manifestado en la asamblea de los órganos de gobierno de CEV Castellón el secretario general de la Asociación Provincial de Empresas de la Construcción de Castellón (APECC), Carlos Gomis, el aumento en lo que se refiere a la cuota a abonar de la nueva ordenanza, que afecta a las promociones iniciadas en los últimos dos o 3 años,
Es, en comparación con la antigua ordenanza, desmedido, aparte de ser un costo sobrevenido no solo para las compañías promotoras, sino más bien para aquellos particulares perjudicados por el impuesto y ya solo nos queda que el conjunto de trabajo de las ordenanzas fiscales del Consistorio tome en consideración nuestros razonamientos para su posible modificación.
También, como se ha reclamado desde Asociación Provincial de Empresas de la Construcción de Castellón (APECC), los órganos de gobierno de CEV Castellón han pedido que se examinen los valores catastrales de Castellón aduciendo el desfase de los costos del suelo de la ponencia actual, que data del año dos mil doce y, por consiguiente, efectuada con testigos de los años precedentes, muy perjudicados por los costos del boom inmobiliario.
Según ha confirmado Carlos Gomis,
El sector aún es capaz de sostener los niveles de producción y crear empleo estable, mas aguanta un fuerte incremento de costos de energía y de materias primas, cuando no desabastecimiento, que impactan de lleno en la actividad promotora y constructora.
Por su lado el presidente de la Confederación, Luis M. Martí, ha denunciado la «fuerte presión fiscal» sobre el ámbito y el resto del tejido productivo y ha insistido en la necesidad «imperiosa» de que las administraciones públicas adopten claramente criterios de eficacia y de eficiencia.
En opinión de Martí, estas medidas, al lado de la lucha contra la economía sumergida – del veintidós por ciento en España, en comparación con el trece por ciento de la media europea, conforme un reciente estudio del Instituto de Estudios Económicos-, «dejarían reducir la presión fiscal al tejido empresarial, que es el que puede apresurar la restauración».
Ha concluido.
