La agrupación agraria hace un llamado a las Comunidades Autónomas a incrementar las ayudas en las zonas más perjudicadas.
La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha expresado su «inquietud» debido a la deficiente cosecha que se está observando en el cultivo de almendras tras los primeros momentos de recolección en las principales áreas de producción. Los descensos oscilan entre el 30% y el 50% en comparación con las estimaciones iniciales del pronóstico, afectando tanto a cultivos de riego como a los de secano, según se comunica en un comunicado.
Específicamente, los rendimientos por árbol en términos de kilogramos están siendo bajos o muy bajos, sumándose a preocupaciones relacionadas con el calibre de las almendras. COAG informa que estas situaciones resultan en una disminución en la producción que tiene un impacto directo en la rentabilidad por hectárea de los agricultores.
La baja cosecha y los niveles de precios «exiguos» en el origen pueden dejar sin cubrir los gastos de los productores.
La Mesa Estatal de Frutos Secos, de la cual COAG forma parte, había proyectado en junio una cosecha de 120.633 toneladas de almendra grano para la temporada 2023, lo cual representa un incremento del 49% con respecto al promedio de los últimos tres años.
Sin embargo, la Mesa ya había advertido de la incertidumbre en torno a la cosecha final debido a los impactos negativos de diversos eventos climáticos adversos y, en particular, al prolongado período de sequía que afecta a las principales regiones productoras.
COAG ha recordado que había calificado como «insuficiente» el Real Decreto con medidas para abordar los efectos de la sequía en el sector agrario, implementado por el Ministerio de Agricultura para enfrentar las pérdidas ocasionadas. La organización exhorta a abordar la situación con mayor contundencia.
En este sentido, la agrupación agraria hace un llamado a las Comunidades Autónomas a incrementar las ayudas en las zonas más perjudicadas, de acuerdo con lo permitido por el mencionado Real Decreto.
Además, consideran necesario reformular las políticas de protección de los cultivos, como el caso del seguro agrario, en este contexto de crisis climática que afecta particularmente a producciones de secano, como es el caso mayoritario de los frutos de cáscara.