La Fiscalía Anticorrupción pide una condena de dos años y medio de prisión para el expresidente valenciano.
La Audiencia Nacional ha comenzado el juicio al expresidente valenciano Francisco Camps por presuntas irregularidades en la adjudicación del contrato para el expositor valenciano de la edición de Fitur 2009 a Orange Market, una empresa relacionada con la trama ‘Gürtel’. La Fiscalía Anticorrupción pide una condena de dos años y medio de prisión. La vista oral incluye a otros 26 acusados y ha sido precedida por confesiones y conformidades de algunos de los principales nombres ligados a ‘Gürtel’.
La vista oral que ha comenzado, sentará en el banquillo a otros 26 acusados, y ha sido precedida por una serie de confesiones y conformidades por parte de algunos de los principales nombres relacionados con la trama ‘Gürtel’, incluyendo al líder de la trama Francisco Correa, su segundo al mando Pablo Crespo, la administradora Isabel Jordán, el gerente de Orange Market Cándido Herrero, y el responsable de la misma Álvaro Pérez Alonso, conocido como ‘El Bigotes’, quienes han reconocido los hechos y se han adherido a las conclusiones propuestas por la Fiscalía.
La Fiscalía Anticorrupción ha pedido imponer dos años y seis meses de prisión al expresidente valenciano Francisco Camps por presunto delito de prevaricación y fraude a la administración. El Ministerio Público sostiene que Camps participó activamente en la dirección del contrato para el montaje del «stand de Grandes Proyectos» de Fitur 2009 hacia Orange Market. Según la Fiscalía,
Correa, ‘El Bigotes’ y Herrero se concertaron con Camps para que, como máxima autoridad autonómica, dispusiera lo necesario para que el contrato fuera adjudicado directamente a Orange Market.
CAMPS CARGA CONTRA LAS CONFORMIDADES
En julio, Camps envió un escrito a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional solicitando que no se tuvieran en cuenta las confesiones de otros acusados, ya que los acuerdos de conformidad solo pueden ser considerados como «autoincriminatorios» para quienes los hacen, y no pueden afectar a los demás acusados. Por su parte, Correa, quien ya tiene condenas por más de 90 años de prisión, ha propuesto una pena de 2 años y 3 meses de prisión y una multa de 134.500 euros por delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad en documento mercantil.
El máximo responsable de los delitos que se imputan en este procedimiento soy yo.
Escribió el líder de la trama ‘Gürtel’ en un documento redactado desde la prisión de Valdemoro el 6 de julio de 2022. En el escrito, atribuye la creación de Orange Market para obtener contratos de la Generalitat Valenciana y organizar las campañas electorales del PP debido a las buenas relaciones que Álvaro Pérez, conocido como «El Bigotes» inició con Paco Camps.
EL ‘NÚMERO DOS’ DE CORREA
Por su parte, Crespo ha propuesto la misma condena que Correa, 2 años y 3 meses de prisión, y reconoce en su escrito que estaba a cargo de la supervisión contable y financiera del grupo de empresas de ‘Gürtel’ y tenía información periódica y puntual sobre las actividades de Orange Market. Jordán, quien propone una condena de 1 año, 10 meses y 15 días de prisión, aclara en su escrito que desde que comenzó a participar en la trama, la persona que le daba instrucciones y exigía era Crespo, no Correa. Jordán también ofrece detalles sobre Camps y «El Bigotes», «quienes ayudaron a Camps a mantener una imagen íntegra e impecable en sus mejores momentos de mandato.»
Finalmente, Herrero admite en su escrito que «asistía a reuniones con diferentes funcionarios» para acordar los trabajos de cada evento y elaborar los presupuestos, y señala directamente a «El Bigotes» como quien conseguía los trabajos. El gerente de Orange Market propone una pena de 7 años y 11 meses de prisión.
CONTRATOS MENORES
En los últimos meses, otros acusados también se han adherido a las conclusiones de la Fiscalía, como la exgerente de la fundación ‘La luz de las imágenes’ María del Carmen Díaz Quintero, la exdirectora del Instituto Valenciano de Evaluación y Calidad Educativa (IVECE) María Auxiliadora Hernández, y el exjefe del gabinete técnico de la Sociedad de Seguridad y Promoción Industrial Valenciana (SEPIVA) Enrique Bort. También se han unido a esta adhesión al escrito de la Fiscalía el exjefe de gabinete de la Consellería de Bienestar Social Enrique Navarro, el exgerente de la sociedad Proyecto Cultural Castellón Vicente Farnós de los Santos y la exresponsable de la Dirección General de Archivos e Innovación Tecnológica Silvia Caballer.
En su escrito, Caballer admite haber acordado con ‘El Bigotes’ la contratación de Orange Market para el «II Congreso Software Libre», celebrado en Castellón en mayo de 2005. También reconoce haber conocido la emisión de cuatro facturas a la Dirección General de Archivos e Innovación Tecnológica, cada una por un importe de 12.020,24 euros, que «fueron divididas para poder ser tramitadas como contratos menores«.
OPORTUNIDAD DE NEGOCIO OFRECIDA POR CAMPS
En su escrito, la Fiscalía Anticorrupción afirma que la estrategia de la trama ‘Gürtel’ en la Comunidad Valenciana a partir de 2003 tenía como objetivo aprovechar las oportunidades de negocio que ofrecía Camps, no solo para la organización y ejecución de todos los actos del Partido Popular en la región, incluyendo la campaña electoral para las elecciones autonómicas de mayo de 2003 en las que Camps fue elegido presidente de la Generalitat, sino también para conseguir una posición privilegiada en la convocatoria y adjudicación de contratos públicos relacionados con eventos organizados por la Administración autonómica valenciana y entidades públicas dependientes de ella, especialmente para las ediciones de la Feria Internacional de Turismo FITUR. Conforme la Fiscalía.
Según el escrito de la Fiscalía Anticorrupción, Correa, Crespo, Herrero y ‘El Bigotes’ habrían expandido su negocio en la Comunidad Valenciana mediante la creación de la sociedad Orange Market el 24 de julio de 2003, siendo ‘El Bigotes’ nombrado presidente del consejo de administración posteriormente y Herrero, consejero delegado. Además, afirma que Camps habría facilitado a ‘El Bigotes’ el acceso a altos cargos de la administración autonómica con capacidad de tomar decisiones importantes en la tramitación, adjudicación y ejecución de los contratos de FITUR y otras ferias, así como de otros eventos.
Según el escrito de la Fiscalía, «algunos funcionarios habrían seguido las instrucciones del expresidente de la Generalitat Valenciana para que Orange Market obtuviera contratos de publicidad, organización de congresos, ferias y eventos de administraciones y entes públicos dependientes de la Generalitat, de manera ilícita, beneficiando a la empresa».
