Hace un año el Senado aprobó la moción de Compromís para recuperar, con el voto contrario del PSOE, las inversiones en las carreteras cedidas que se eliminaron durante el Gobierno de Zapatero.
El senador de Compromís, Carles Mulet, ha celebrado el cambio de actitud del Gobierno al acceder ahora a financiar la ejecución de las actuaciones de mejora y acondicionamiento de las carreteras convertidas en vías urbanas que el Ministerio ceda a los ayuntamientos.
Para el portavoz de la coalición que lideró hace un año en el Senado una moción que reclamaba la recuperación de estas inversiones excluidas desde 2005 a partir de una Orden de Fomento apoyada en insuficiencias presupuestarias del momento “la solución no será completa si no se contemplan fondos compensatorios para los municipios que injustamente recibieron cesiones de carreteras a cambio de bien poco o nada, cuando en otras localidades percibieron 204.644 € en caso de carreteras de una calzada y en 341.074 por kilómetro en caso de tener dos calzadas”.
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana acaba de aprobar una orden por la que se establece el marco para la celebración de acuerdos de entrega a los ayuntamientos de vías urbanas de la red estatal. La experiencia acumulada en las entregas tramitadas durante el último decenio, a lo que se añaden las nuevas orientaciones y políticas europeas de movilidad segura y sostenible, así como el actual contexto en que España va a recibir fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea, aconsejan regular un nuevo sistema que sustituya al establecido en la normativa vigente hasta el momento.
Entre los municipios valencianos afectados, el senador ha citado a Albaida, Alcoi, Benicarló, Favara, Sueca o Vinaròs “que tuvieron que firmar sin rechistar estos convenios renunciando a contraprestaciones, desde una situación de inferioridad, ya que la alternativa era seguir manteniendo unos cadáveres en sus términos municipales”.
La nueva situación
A partir de ahora será el Ministerio de Transportes el que contrate la ejecución de las actuaciones de mejora y acondicionamiento de los tramos a ceder, así como las necesarias para la adecuación a su nueva función como vías urbanas, desarrollando e implantando las soluciones de movilidad urbana más sostenibles técnica, económica y ambientalmente. Dichas actuaciones se definirán en el proyecto de construcción, que redactará la Dirección General de Carreteras y sobre el que se basará el acuerdo entre el Ministerio y el Ayuntamiento que asumirá la titularidad de la vía urbana, sujeto a la condición suspensiva de que la Administración General del Estado reciba de conformidad las obras realizadas.
