Garcia pide «unidad» a todos los grupos para «acabar con una discriminación que nos impide legislar como hacen el resto el resto de territorios con tradición foral»
Compromís per Castelló impulsará una declaración institucional para que el consistorio se sume a reclamar el cumplimiento del artículo 49.2 del Estatuto de Autonomía y el reconocimiento de la competencia legislativa exclusiva de la Comunidad Valenciana para la «conservación, desarrollo y modificación del Derecho Civil Foral Valenciano». Se trata de una iniciativa de la sociedad civil y del municipalismo valenciano que hasta ahora ha conseguido gran consenso social y a la que se han unido más de un centenar de ayuntamientos de las comarcas de Castellón y multitud de entidades y asociaciones.
«Pedimos la unidad de todos los grupos municipales ante una propuesta que busca garantizar la competencia de la Generalitat Valenciana para legislar sobre el Derecho Civil e igualar así la consideración que ostenten el resto de pueblos de tradición foral», ha explicado el portavoz de Compromís per Castelló, Ignasi Garcia. «Está en la mano de los partidos con representación en el Ayuntamiento de Castellón acabar esta injusta discriminación», ha incidido el concejal.
Garcia ha recordado que «esta será la tercera vez que elevamos la Declaración Institucional al pleno del Ayuntamiento de Castellón, donde la negativa de Ciudadanos impidió que se aprobara durante la pasada legislatura». Es por eso que Compromís per Castelló recuerda que durante casi medio siglo, el País Valenciano tuvo plena competencia en materia de Derecho civil «y ahora solo se nos permite legislar en el ámbito de las costumbres agrarias a pesar de que el Estatuto establece que los valencianos y las valenciana tenemos que tener capacidad para generar normativas propias que dan respuestas ágiles, modernas y propias en los problemas actuales de nuestra tierra».
Asimismo, los concejales de Compromís por Castelló han remitido una carta firmada a la Asociación de Juristas Valencianos comunicando el apoyo del grupo municipal a la demanda, con el objetivo de trasladar su compromiso individual y colectivo a la iniciativa.
Cabe recordar que, en 2015, la Asociación de Juristas Valencianos impulsó un manifiesto que exigía la retirada de los recursos de inconstitucionalidad presentados por el Gobierno de España y defendía el Derecho Civil Valenciano. Hasta ahora, más de 480 ayuntamientos valencianos (que representan más de 4,8 millones de ciudadanas y ciudadanos) se han sumado a la petición; así como las Cortes, el Consell de la Generalitat y las tres diputaciones provinciales. Han apoyado la campaña una larga lista de entidades públicas y privadas, desde universidades y sindicatos a asociaciones culturales.
