Compromís pide a la Diputación que rectifique y colabore en la exhumación de fosas como ha hecho el Ayuntamiento de Castellón.
Esta semana, el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana ha anunciado que el Ayuntamiento de Castelló ha autorizado la realización de exhumaciones en el cementerio municipal. Aunque el portavoz provincial de Compromís, David Guardiola, ha elogiado esta medida por «continuar con el trabajo realizado en la última legislatura», también ha expresado su pesar debido a que la Diputación de Castelló «se niega a colaborar en los trabajos de exhumaciones en los municipios de nuestras comarcas».
Guardiola ha insistido en que «es el momento de que la administración provincial reconsidere su decisión de no colaborar en las exhumaciones e identificación de las víctimas de la Guerra Civil en los municipios más pequeños de nuestras comarcas».
Los trabajos de excavación, exhumación e identificación de las «víctimas del franquismo» en el cementerio de San José de Castelló son «una continuación del trabajo realizado en 2022, con la concejal de Compromís, Verònica Ruiz, liderando la iniciativa», y «ahora es el momento de dar continuidad a estas acciones».
La decisión de la Diputación resulta especialmente sorprendente, considerando que ayuntamientos de su propio partido, como es el caso de Castelló y también de Moncofa, facilitan los trabajos de exhumación, a pesar de la indiferencia de la corporación provincial hacia el contenido de la Ley de la Memoria Histórica.
El portavoz valencianista, asimismo, ha señalado que la Diputación «debería mostrar una mayor empatía con los pueblos y sus habitantes, que aún se ven afectados por las consecuencias del golpe militar y la Guerra Civil en nuestro país. En muchos lugares, la búsqueda de familiares continúa, con proyectos en marcha después de muchos años de espera».
La negativa de la Diputación de Castellón ha impactado en varias localidades que esperaban el cumplimiento de la Ley de la Memoria Histórica y Democrática. Explica Guardiola que, finalmente destaca,
Sería lo más razonable para los derechos de todos que retomen las ayudas y se identifique a cualquier tipo de víctima. No es un capricho que pueda ser vulnerado.
Concluye.
