La coalición manifiesta su preocupación por la falta de noticias respecto al anunciado desmantelamiento de las plantas del fracasado proyecto energético
El portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, ha preguntado al Gobierno “si piensa exigir a Escal (ACS) que se de cumplimiento a la sentencia del Tribunal Constitucional y a que se reintegren los 368,4 millones de euros por las liquidaciones relacionadas con el almacén subterráneo de gas Castor”, una vez declarada la nulidad e inconstitucionalidad de los efectos económicos de la extinción de la concesión del almacenamiento subterráneo, previstos en el Real Decreto-Ley 13/2014 y tal y como lo ha reclamado la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
Según el organismo la nulidad del citado decreto privó de base legal a las cantidades reconocidas y a los pagos efectuados con arreglo al mismo, obligando con ello a revisar los pagos realizados y determina la obligación de los interesados de reintegrar al sistema de liquidaciones de las actividades reguladas del sistema de gas natural los importes recibidos. Para el senador Mulet “es indignante la opacidad que ha existido con este proyecto y que tras varias legislaturas todavía no hayan puesto en manos de los senadores los documentos solicitados, auditorías e informes que justificaron el pago de las millonarias indemnizaciones” a pesar de no haber estado operativo el proyecto energético de Vinaròs.
El senador ha recordado como en enero de 2019, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, anunció en el Senado que el Gobierno iba a sellar de modo definitivo los pozos del depósito Castor, “algo que no se ha producido todavía y se mantiene la hibernación de las instalaciones, que cuestan muchos millones al año al sistema y sus abonados”. Asimismo, anunció la licitación de nuevos estudios de cara al desmantelamiento de las instalaciones, “de los que nada más se ha sabido y es indecente la precariedad en que se halla una infraestructura que se ha demostrado peligrosa”. La capacidad de los tapones de sellado provisional de las instalaciones instalados en 2016 finaliza próximamente y deberían renovarse antes de 2020, que es cuando finaliza su vida útil. Compromís, que lideró en el Senado a través de Jordi Navarrete en la anterior legislatura la creación de una comisión de investigación sobre el Castor, ha reclamado celeridad con los plazos que impone la vida útil de los elementos del sellado temporal que finaliza en 2020 y conocer si el Gobierno ha decidido o estudiado algún uso alternativo para las instalaciones que no sea el cierre y desmantelamiento total, como reclama la coalición.
