Compromís pide mediar a la Diputación ante la ampliación del Serrallo entre Almassora y Castellón

Compromís pide mediar a la Diputación ante la ampliación del Serrallo entre Almassora y Castellón

La coalición denuncia que esta ampliación se ubicaría en el municipio de Castellón pero tendría un mayor impacto sobre las viviendas de la costa norte de Almassora.

 

La compañía energética BP ha solicitado al Ayuntamiento de Castelló la ampliación de la zona industrial del polígono del Serrallo en 164.000 metros cuadrados y la modificación de suelo logístico por suelo industrial para crecer hacia el oeste, más hacia Almassora de lo que estaba inicialmente previsto. Por ello, el grupo municipal de Compromís en Almassora ha reivindicado en el Pleno del Ayuntamiento que el consistorio presente recursos y alegaciones para defender a sus vecinos y vecinas ante dicha ampliación.

A pesar de que esta ampliación se ubicaría en el municipio de Castelló, desde el grupo de Compromís se denuncia que tendría un mayor impacto sobre las viviendas de la costa norte de Almassora, la eliminación de accesos como el de la Donación y el camino Fadrell, y afectaría a la red primaria y la infraestructura verde. Además, la nueva zona industrial estaría destinada a la generación de hidrógeno verde, «un proceso que también conlleva riesgos industriales importantes».

El portavoz en la Diputació, David Guardiola, explicó,

BP prevé compensar con un millón de euros al Ayuntamiento de Castelló para evitar la cesión del suelo de aprovechamiento urbanístico, limitando así la creación de infraestructuras o viales que puedan ser necesarios.

Por ello, el grupo de Compromís en la Diputación solicita a la institución provincial que ejerza un papel de mediación entre los Ayuntamientos de Almassora y Castelló para garantizar que cualquier decisión tomada sobre esta ampliación industrial tenga en cuenta los intereses de ambos municipios y la seguridad de sus ciudadanos.

De esta manera, “creemos que es necesario que la Diputación de Castelló actúe como interlocutora entre las administraciones afectadas para encontrar soluciones consensuadas que protejan los intereses municipales, el entorno natural y la seguridad de la ciudadanía”, concluye.

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Fotografía portada: Google.