Cuando el sistema educativo da la espalda

Diseñado para garantizar el acceso universal a la educación, el sistema educativo de nuestra comunidad es gratuito y obligatorio. Parece que, de esta obligatoriedad, se escapa dar respuestas eficaces a agresiones, necesidades educativas especiales o cuestiones relacionadas con la salud. Y alguna más, pero me voy a centrar en esas tres.

Cuando el sistema no protege a las niñas y los niños, la pertenencia a éste, la obligatoriedad, se convierte en tortura. En menores desprotegidos que, con suerte, acaban cambiando de centro educativo para escapar de la situación, poniendo aún más carga en sus familias.

Supuestamente, la legislación autonómica y estatal establece medidas de protección para las personas menores como la Ley 26/2018 de la Generalitat Valenciana, que detalla los derechos y garantías de la infancia y adolescencia, incluyendo la obligación de las instituciones educativas de actuar ante situaciones de desprotección. Pero en la práctica, ¿qué sucede cuando los centros educativos no implementan soluciones? ¿qué sucede cuando inspección educativa no vela por las garantías necesarias?

Mete a tu criatura en el sistema, pero ojo, si el sistema no te garantiza su seguridad y necesitas salir, tendrás problemas.

Porque en ese momento si se te recordará que la educación es obligatoria y que es inadmisible privarle de… ¿privarle de qué?  ¿de agresiones, de desatención, de desinterés, de falta de medios?

La respuesta del sistema educativo a menudo refleja una estructura profundamente adultocentrista, con decisiones marcadas administrativamente y basadas en las prioridades de las personas adultas que trabajan para él, dejando de lado derechos, voz y necesidades de las personas menores. En este escenario, la solución de problemas pasa por ignorar a quienes más sufren.

Pero, #notallmen y faltan recursos

No todas las personas docentes, no todos los centros, no todas las personas que trabajan en inspección, etc.

Los recursos se piden, se piden y se vuelven a pedir. Porque la seguridad laboral es un derecho y, no como personas adultas no podemos ampararnos en no tener medios para… para desproteger a las personas menores.

“Las figuras de profesionales de la pedagogía, educación social y enfermería en los centros educativos son una necesidad”

Protocolos de acoso escolar

Existir, existen. Al igual que existen las víctimas silenciadas de acoso, agresiones físicas o agresiones psicológicas. ¿Qué falla? Puede ser su implementación, la comodidad, el ampararse en la falta de recursos, no darle importancia… ¡Pero ahí está! De forma perpetua.

Los recursos humanos profesionales son necesarios en los centros educativos. Con esto no estoy diciendo que el personal docente no sea profesional. Probablemente, ya tienen bastante con una ratio que les supera. El mensaje es devastador.

La existencia de profesionales de la pedagogía, educación social y enfermería permitiría, por ejemplo:

• Estrategias específicas de prevención e intervención.
• Trabajo directo con las familias y el entorno.
• Identificar y tratar las consecuencias derivadas de las situaciones.

¿Y mientras? Pues les toca a las familias cuidar, curar, proteger, lamerse las heridas y, entre todo eso, realizar la burocracia necesaria para que inspección educativa garantice que se cumpla la ley, eso sí, sin desescolarizar… porque claro, eso SÍ sería una ilegalidad.

El sistema enseña a las víctimas a callar, adaptarse, cargar con las consecuencias de no ser escuchadas.

La diversidad ignorada

En papel los planes individuales educativos quedan muy bonitos, otra cosa es que se lleven a cabo. De vuelta a los recursos, a la falta de formación a los “yo no lo veo”, etc. De vuelta a niñas y niños en desatención.

La existencia de profesionales de la pedagogía, educación social y enfermería permitiría, por ejemplo:

• Desarrollo de currículos personalizados y estrategias pedagógicas adaptadas.
• Gestión de coordinación entre familias y recursos externos.
• Apoyo en todos los temas relacionados con la salud.

Las familias de niñas y niños con necesidades especiales pueden encontrarse con la sensación de que sus necesidades no importan, pero que bonita queda la palabra inclusión.

Priorizar la comodidad administrativa por encima de las adaptaciones necesarias no es inclusión. Hacer que niñas y niños se adapten a un entrono que no les tiene en cuenta, tampoco.

La salud desatendida

Los problemas de salud crónicos suponen un reto adicional para muchas niñas, niños y sus familias para el que los centros educativos no están preparados. Aquí más que nunca, el peso de buscar soluciones recae en los familiares, la vulnerabilidad que supone la falta de equipación y de adaptaciones efectivas se vuelve continua durante todo el periodo escolar.

La existencia de profesionales de la pedagogía, educación social y enfermería permitiría, por ejemplo:

• Adaptación curricular específica.
• Ayuda a las familias a gestionar trámites y acceder a recursos necesarios.
• Proporcionar seguimiento médico diario, prevención de complicaciones y apoyo constante.

Como sociedad, no podemos enviar el mensaje a niñas y niños de que su salud es un peso que cargar del que el sistema, recordemos obligatorio, no se puede hacer cargo.

Costumbre y adultocentrismo

Obligatoriedad, aparcamiento para poder trabajar, creencia en que es lo necesario… El resultado son niñas y niños dentro de la maquinaria de un sistema que, a día de hoy, no está a la altura.

Las necesidades, prioridades y comodidades de niñas y niños no están siendo atendidas en un sistema educativo donde el adultocentrismo está fuertemente arraigado. Esto influye en la manera de tomar las decisiones, en la forma de implementar soluciones y en el silencio de las necesidades de las personas menores.

Es preocupante, además de injusto, ver como las dinámicas establecidas limitan a las personas menores, cortan las alas, obligan a acepar sin pensar, a adaptarse a un entorno que no responde a sus necesidades.

¿Es esto lo que queremos como sociedad o simplemente es más cómodo mirar hacia otro lado?

Y ahora, ¿Qué? 

Estamos ante un sistema, inicialmente pensado para la protección de menores que debería ser un entorno seguro e inclusivo. En lugar de eso, muchas familias se ven obligadas a enfrentarse diariamente a un sistema educativa que no solo les da la espalda, sino que busca silenciar las necesidades de sus hijas e hijos, priorizando la comodidad administrativa sobre la educación.

Los recursos actuales no garantizan el bienestar y desarrollo pleno de las personas menores. Se requiere de soluciones eficaces, de un sistema que cumpla con sus propias leyes y garantice la seguridad, la escucha y la adaptación a las necesidades individuales.

El cambio no puede esperar. No podemos condenar a niñas y niños a quedarse atrás, a aceptar sin cuestionar, a adaptarse a un entrono que no les tiene en cuenta. A perpetuar un modelo injusto e insostenible que no cesa de repetir errores.

Es momento de frenar, revisar y humanizar el sistema educativo, recuperar su esencia.  Ser ese espacio donde cada niña y niño pueda, además de aprender, desarrollarse de forma segura, con escucha, protección y siendo valorada o valorado.

Va más allá de ser una cuestión de justicia, es responsabilidad, responsabilidad colectiva. Es preguntarnos qué acción podemos realizar hoy para que esto cambie y realizarla.

Pequeño detalle: por escrito ante inspección educativa.

M Cinta Marí Marco

Estudiante grado Pedagogía UNED