Debido a la "ausencia de respuesta por parte de la red social", el juez ordena su bloqueo en España para evitar la continuidad de los presuntos delitos.
El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha ordenado la suspensión temporal de la aplicación de mensajería instantánea Telegram a las operadoras españolas para que, tras recibir la comunicación correspondiente, procedan a la suspensión de los recursos asociados a dicha aplicación.
En las próximas horas, Telegram dejará de estar disponible en España. Esta medida fue ordenada por el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, quien esta semana decidió suspender de manera cautelar el servicio de esta aplicación de mensajería debido a la presencia de contenidos protegidos por derechos de autor.
El juez Pedraz, que preside el juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, estima que a más tardar el lunes 25 de marzo, la red social Telegram quedará totalmente bloqueada en España, conforme a la orden emitida el pasado viernes a todos los operadores de telecomunicaciones.
Esta medida cautelar se enmarca en un proceso legal por presunta vulneración continuada de derechos de propiedad intelectual contra los responsables de varios canales creados en la plataforma social Telegram. El juez Pedraz ha tomado esta decisión tras recibir una denuncia de Mediaset, Atresmedia y Movistar Plus, alegando un presunto uso no autorizado de contenido audiovisual protegido por derechos de autor.
El magistrado del Juzgado Central Cinco de la Audiencia Nacional considera, que «esta medida es necesaria, adecuada y proporcionada», y no ve alternativa que pueda evitar la repetición de los hechos denunciados. Esto se debe a que, según indica, las autoridades de las Islas Vírgenes no han colaborado con la solicitud de asistencia legal enviada para que Telegram proporcione ciertos datos técnicos que permitirían identificar a los responsables de las cuentas utilizadas en la infracción de los derechos de propiedad intelectual.
El juez, partiendo de la premisa de que el «incumplimiento reiterado» de la solicitud dirigida a las autoridades de Islas Vírgenes el pasado 28 de julio de 2023 impide la continuación de la instrucción del caso, ha argumentado que «no hay otra medida que pueda detener la repetición de los hechos denunciados».
Falta de Colaboración
La falta de colaboración de las autoridades de Islas Vírgenes, a las que «solo se les pide una actividad de comunicación a los responsables de la red social Telegram», lleva al juez a sostener que se deben tomar las medidas cautelares solicitadas por las partes acusadoras.
La repetida comisión del delito contra los derechos de propiedad intelectual justifica la adopción de las medidas cautelares solicitadas al cumplirse los principios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad.
Ha argumentado Pedraz.
En ese sentido, ha agregado que la medida acordada es «idónea» porque su implementación «podría poner fin a la infracción de los derechos de propiedad intelectual denunciada» al evitar el acceso al medio a través del cual se distribuyen los contenidos cuyos derechos de propiedad se ven afectados.
Además, el juez fundamentó su decisión en el respaldo legal contemplado en el artículo 13.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECRIM), que establece,
El juzgado podrá acordar, como primeras diligencias, de oficio o a instancia de parte, las medidas cautelares consistentes en la retirada provisional de contenidos ilícitos, en la interrupción provisional de los servicios que ofrezcan dichos contenidos o en el bloqueo provisional de unos y otros cuando radiquen en el extranjero.
Con todos estos elementos en consideración, el juez Pedraz concluyó que la medida cautelar solicitada «está justificada» porque es necesaria para poner fin a la infracción denunciada, es «proporcional e idónea» para el fin perseguido por la medida, ya que no cabe acudir a otro tipo de actuación con la misma finalidad, y «está contemplada expresamente por la ley».
Por el momento, Telegram sigue operativa, aunque se espera que en unas horas se produzca el bloqueo ordenado por la Audiencia Nacional.
En su auto, Pedraz también acordó la prórroga de la investigación por seis meses, hasta el 29 de septiembre.
«Las ventajas» de usar Telegram
Telegram se destaca como un caso peculiar, ya que, a diferencia de otras empresas tecnológicas que suelen colaborar con las autoridades judiciales, nunca proporciona datos sobre cuentas o usuarios. De hecho, esta característica se considera una ventaja apreciada por millones de usuarios en todo el mundo.
En el contexto específico de España, según fuentes del sector, Telegram «no solo se emplea para infringir los derechos de propiedad intelectual de las cadenas de televisión», especialmente en la retransmisión de partidos de fútbol, sino que también «alberga canales donde se promueve el terrorismo».
Pedraz es consciente de la dificultad técnica para aplicar una medida tan excepcional, pero fuentes del sector indican que Telefónica, Vodafone, Orange y el resto de operadoras ejecutarán la orden judicial en las próximas horas, como máximo el lunes, porque «están perfectamente preparadas para ello».
Ante la falta de respuesta por parte de la red social, el juez decide ordenar su bloqueo en España para evitar la continuación de estos presuntos delitos. Sin embargo, esta decisión plantea una dificultad considerable en su implementación, no solo porque en España existen diez operadores diferentes que ofrecen servicios de telefonía, sino también porque cualquier usuario puede buscar alternativas para seguir utilizando Telegram mediante una conexión VPN. Es decir, es relativamente fácil evadir una prohibición de este tipo y conectarse a través de la red de otro país, como ya ocurre en lugares como China o Cuba, donde Telegram también está bloqueado.
Con esta medida tan excepcional, el juez Pedraz pretende que Telegram reaccione «después de un año sin responder a sus requerimientos», y designe un representante legal en España al cual dirigirse en caso de que alguien desee denunciar algún tipo de delito en esa red social.
