La denuncia se basa en clausulas abusivas y enriquecimiento ilícito de la promotora.
FACUA Comunidad Valenciana ha presentado una denuncia contra Dosel Music Cullera AIE, la entidad encargada de la organización del Zevra Festival que tuvo lugar del 21 al 24 de julio en Cullera. La denuncia se basa en una serie de prácticas cuestionables llevadas a cabo por la promotora del evento. Entre estas prácticas se incluye la prohibición de llevar comida y bebida desde fuera, la imposición de «gastos de gestión» para reembolsar el saldo no utilizado en las pulseras cashless, la implementación exclusiva de este método de pago y el cobro adicional de una tarifa para permitir a los asistentes entrar y salir libremente del recinto. La denuncia ha sido dirigida al Servicio de Espectáculos y Establecimientos Públicos de la Generalitat Valenciana.
La empresa organizadora introdujo una cláusula de «reingreso no autorizado» que requería el pago de 15 euros por un día o 30 euros por los tres días del festival, con el propósito de permitir a los asistentes volver a entrar al recinto. Además, estableció un período de solo cuatro días para la devolución del saldo restante en las pulseras cashless, previo pago de una tarifa de 3 euros.
FACUA considera que estas medidas están claramente motivadas por intereses económicos, ya que la promotora del festival aparentemente busca enriquecerse de manera ilícita. Además, la asociación argumenta que no existe una justificación válida para la implementación de esta norma, ya que si las entradas y salidas del recinto pudieran afectar al desarrollo normal del evento o representar un problema de seguridad, en ningún caso se permitiría el reingreso al mismo.
En relación a las pulseras cashless, en el sitio web del festival se indicaba que serían el único medio de pago aceptado durante el evento, abarcando la compra de bebidas, la comida en el área de camping y la adquisición de productos promocionales.
Imposiciones sin base legal
El análisis que has proporcionado sobre la medida adoptada por Dosel Music Cullera AIE en relación con el Zevra Festival es muy detallado y completo. Parece que estás haciendo referencia a una serie de posibles infracciones a las normativas de protección al consumidor en España, específicamente en relación con cláusulas abusivas y prácticas que podrían perjudicar los derechos de los consumidores.
El hecho de cobrar a los consumidores por el uso de medios de pago más allá de los costos incurridos por la empresa parece estar en conflicto con el artículo 60 del Real Decreto-Legislativo 1/2007. Esta normativa establece que los empresarios no deben cobrar a los consumidores más allá de los costos reales relacionados con el uso de medios de pago. Además, mencionas que la imposición de un plazo de cuatro días para solicitar la devolución de los fondos restantes en las pulseras y la prohibición de ingresar alimentos y bebidas desde el exterior podrían considerarse cláusulas abusivas en virtud del artículo 82.1 del mismo Real Decreto Legislativo 1/2007.
El informe de la entonces Aecosan (ahora Aesan) sobre un asunto similar en 2016, que concluyó que ciertas restricciones en cines eran consideradas cláusulas abusivas, podría ser relevante en este caso. En este informe se argumentaba que los consumidores estaban siendo privados de la prestación principal injustificadamente debido a restricciones impuestas unilateralmente en relación con un servicio accesorio que no habían solicitado. Esta interpretación cobra mayor relevancia si la actividad principal de la empresa no está centrada en la venta de alimentos y bebidas.
En función de toda esta información, FACUA Comunidad Valenciana ha instado al Servicio de Espectáculos y Establecimientos Públicos de la Generalitat Valenciana a iniciar un expediente sancionador contra la promotora del Zevra Festival debido a la presunta infracción de las normativas de protección al consumidor.
Es importante señalar que este análisis se basa en la información proporcionada y en la interpretación de las normativas legales mencionadas. Cualquier acción legal o decisión requeriría una revisión y análisis más profundos por parte de las autoridades competentes y profesionales legales.
