El usuario ha presentado una protesta ante Renfe y el Defensor del Pueblo y Plataforma per la Llengua insta a la compañía a comprobar el caso
Plataforma per la Llengua ha remitido una carta al gerente de Servicio Público de València expresándole su «malestar» por el trato recibido por un usuario al que, conforme aseguran, taquilleras de la estación de Xàtiva se negaron a venderle los billetes por hablar en valenciano y le instaron a dirigirse a ellas en castellano,
Estamos en España y me debes hablar en castellano.
Este pasajero, un usuario frecuente de la red ferroviaria, denunció a Plataforma per la Llengua que el pasado catorce de agosto a las trece y treinta horas se dirigió a la taquilla de la estación de Renfe en Xàtiva para solicitar unos billetes para el recorrido Xàtiva-Ontinyent.
Le habló en valenciano a la expendedora de billetes y esta, conforme narra el perjudicado, le cortó y le espetó: «Me debes hablar en castellano«. El usuario le explicó que prefería hablar en valenciano y que tenía derecho a hacerlo, mas la trabajadora le respondió,
No lo podía atender si no le hablaba en español.
Otra empleada de esta ventana de Renfe, presente en la discusión, le repitió «vehementemente» -siempre y en toda circunstancia conforme el relato del usuario- que «Estamos en España y me debes hablar en castellano«. El usuario insistió, mas las trabajadoras se negaron a venderle los billetes, conforme demanda. Ante esto, rellenó una hoja de reclamaciones, donde el perjudicado expuso,
Se han negado a venderme los billetes por hablar en valenciano.
Más tarde, presentó una protesta al Servicio de Atención al Cliente del servicio de Renfe exponiendo su caso y pidiendo que se «sancionase los responsables«, citando los artículos de las distintas normativas y leyes que protegen su derecho a poder expresarse en valenciano.
Al cabo de cuatro días, el Servicio de Postventa de Cercanías València le respondió,
La operadora está en especial sensibilizada respecto del desempeño y el respecto de la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià, para después alegar que esta es una compañía de campo estatal, donde trabaja personal otras comunidades autónomas.
En la contestación, cuyo contenido ha hecho público la Plataforma Per la Llengua, la compañía expone,
En ese sentido, le señalamos que estamos procediendo a la colocación en nuestras estaciones, de toda la cartelería, avisos, letreros y megafonía en bilingüe.
El perjudicado ha presentado asimismo una reclamación al Defensor del Pueblo anexando la contestación de Renfe a su caso.
Plataforma per la Llengua ha remitido una carta a José Enrique Cortina, gerente del Servicio Público de Renfe en la Comunitat, en la que la entidad expresa su «malestar por el agravio que padeció» el usuario y le notifica del «desconcierto y perplejidad generados a causa de la contestación» de la operadora ferroviaria al perjudicado.
«DESCONOCIMIENTO DE LA NORMATIVA»
La carta, firmada por el encargado de la Plataforma per la Llengua País Valencià, Antoni Royo, defiende que la contestación de Renfe al caso supone «un gravísimo e inaceptable desconocimiento de la normativa aplicable» e insta a que la operadora revise la protesta del usuario a fin de que reciba una «contestación ceñida a derecho».
Además, la entidad afirma,
Este caso no es el único del que tiene perseverancia Plataforma per la Llengua, ya que ha registrado y denunciado decenas de casos de discriminaciones de Renfe a los valencianohablantes.
«Ciertas, –aseguran– perpetradas de manera directa por exactamente los mismos empleados, otros, en forma de megafonía o billetes solamente en español«.
En este sentido, recuerdan que, últimamente, un usuario de los trenes Alvia y Euromed de Barcelona en València puso en conocimiento de la entidad que los billetes solo son en español. Lo mismo ocurre con la señalización interna de los trenes, la carta de la cafetería y los comunicados puntuales por megafonía, precisan.
Las leyes en vigor fuerzan Renfe a ofrecer estas comunicaciones asimismo en valenciano. Los derechos lingüísticos son parte de los derechos de los usuarios, usuarias, consumidores y consumidoras y la compañía tiene la obligación de cumplirlos.
Concluye, Plataforma per la Llengua.
