Cualquier opinión –se entiende una opinión sincera-, como todas las opiniones, será más o menos acertada en función de variables o circunstancias que podrán ser valoradas para contrastar la misma opinión, ello, en la perspectiva de que todas las circunstancias deben ser entendidas para dar una opinión prudente, y siempre dada cumpliendo con el principio...
Cualquier opinión –se entiende una opinión sincera-, como todas las opiniones, será más o menos acertada en función de variables o circunstancias que podrán ser valoradas para contrastar la misma opinión, ello, en la perspectiva de que todas las circunstancias deben ser entendidas para dar una opinión prudente, y siempre dada cumpliendo con el principio de buena fe.
A pesar de lo dicho anteriormente, hay un hecho indudable: El desarrollo de un país se puede evaluar desde la reducción, mantenimiento o aumento del número de desocupados. Incluso deben ser valoradas las circunstancias laborales de los ocupados cual sea su ocupación en el mercado laboral, sea en el mercado privado o sea en la administración pública, muy poderosa en Nigeria. La contratación de funcionarios públicos no obedece a leyes determinadas por el mercado laboral, así pues, un gran número de ocupados en la administración pública o su aumento progresivo, no tiene porqué atribuirse a factores de progreso. Al contrario, en la mayoría de los casos, se observa que el hecho de que una gran parte de la población esté ocupada en servicios públicos no obedece a intereses influidos por factores de desarrollo.
La ecuación es relevante, pues, si la administración pública se sobredimensiona de funcionarios públicos para paliar la tasa de desempleados y contentar así a la población, ocurre que los recursos destinados para su contratación no se destinan a factores de desarrollo que crearían empleo productivo, que a su vez alimentarían con un efecto multiplicador, mayor producción y desarrollo.
El destinar todos los recursos del Estado a sus Gastos Generales –aquellos que figuran en sus cuentas como de obligado cumplimiento- produce estancamiento, resultando una clase funcionarial poderosa, aunque con bajos salarios, y un mercado privado sin recursos y sin posibilidad de crecimiento.
Las únicas variables que podría alterar este estancamiento- incentivando la producción privada- sería la posibilidad de obtener liquidez mediante créditos baratos, hecho que tampoco se produce. Así, con una administración pesada y sin opciones para la actividad privada, la asfixia está servida. La única opción es la continuidad sin expectativas, siguiendo destinando los recursos del país a ese estancamiento con unas tasas de paro muy elevadas e inamovibles o creciendo.
Siendo los recursos del Estado inalterables, tampoco permiten incrementar sustancialmente los salarios de los funcionarios públicos, estancándose nuevamente la adquisición de bienes y servicios. Siendo así, a su vez, que la segunda variable, es decir, la inversión privada, dependiendo en gran medida de la adquisición de crédito, tampoco se produce de manera significativa, salvo por unas pocas élites económicas que han conseguido romper esa espiral de estancamiento, produciéndose entonces que esas minorías acaparan los mercados en exclusividad, con la contratación de empleados con salarios muy bajos, aprovechándose del nivel de desempleo y sin ofrecer a los trabajadores ninguna cobertura social ni ningún tipo de seguridad, alcanzando niveles de explotación. Tampoco el Estado ofrece ningún servicio público gratuito, como sanidad o educación, ni ayudas de ningún tipo. Los vagones de cola del tren social no van a ninguna parte. En Europa, las grandes bolsas de pobreza que incluyen a millones de personas, serían insostenibles. Aunque el tren europeo parece encaminarse coincidente en la misma dirección, pues, igualmente, el poco desarrollo se consigue a base de deuda pública, exclusión social y desprecio por las clases sociales más necesitadas.
El PIB es un indicador macroeconómico de gran relevancia que podemos analizar dicho todo lo anterior, preferentemente el consumo, y analizar la importaciones y exportaciones, incluso hacerlo por sectores sociales y de producción, de manera que, finalmente deberemos evaluar qué ocurre con las inversiones y financiaciones de proyectos al desarrollo en Nigeria por parte de capital extranjero, que tampoco se producen. Esto último es muy sustancial, pues siendo fácil la negociación con financieros foráneos dispuestos a invertir volúmenes de capital importantes, los emprendedores nacionales no pueden cumplir con sus requerimientos por muy blandos que estos sean, a veces de manera incomprensible desde cualquier punto de vista. Hay financiación foránea para desarrollar proyectos de alto presupuesto que sólo espera viabilidad del proyecto y seguridad para su inversión, a veces sólo seguridad para un tanto por ciento muy reducido de la inversión, del 20% al 30 % del capital invertido, dando largos plazos de amortización a muy bajo interés, del 1% al 2% de interés anual, dando fácilmente períodos de gracia para empezar a amortizar, normalmente de dos años o más según las necesidades y calendarios del proyecto. Y todo, sin que el emprendedor nacional invierta un solo dólar. Normalmente se culpa al inversor extranjero de finalmente no practicar la inversión, pero para un analista avezado es fácil entender cuál es la última y veraz razón de que estas inversiones no se produzcan. Entre otras razones, porque los proyectos no se licitan y -incluso para tener conocimiento del proyecto- hay que dar comisiones a numerosos facilitadores e incorporar al negocio a alguna empresa relacionada con el servicio público que finalmente otorga el proyecto, siempre con unas condiciones poco entendibles desde el punto de vista de los inversores extranjeros.
Otra alternativa sería que la Administración Central del país, el Gobierno vía Banco Central, cediera Garantías Soberanas a la financiación extranjera para desarrollar proyectos de interés nacional o social. Otra vez sin que el promotor, en este caso el Gobierno, necesitara invertir un solo dólar.
Obvia decirse que los intereses que cobran los bancos nigerianos por los créditos son prohibitivos, y estos mismos bancos no pueden dar garantías bancarias a los emprendedores por encima del 20% del capital social del banco, lo que les obliga a pedir colaterales, es decir, conceden créditos siempre que se aporte al banco la misma cantidad en cuenta corriente o –todo ello imposible- bienes realizables muy superiores a la cuantía del crédito.
Muy interesante resulta analizar qué ocurre con el contravalor de la Naira, que favorece las exportaciones y consiguientemente la producción interna, siendo que, como hemos dicho, la producción interna no se incrementa por falta de recursos, y las importaciones son también prohibitivas por el alto coste del dólar, dejando a los importadores sin operar. Lo mismo ocurre con las prohibiciones de una lista de productos que no se permiten importar para incentivar del mismo modo la producción interna, que tampoco aquí se produce por los mismos motivos.
Curiosamente, las importaciones fraudulentas abaratan los precios por incrementar la cantidad de productos en los mercados, mientras que su control exhaustivo encarece los mercados por escasez o menor cantidad de estos productos bajo control.
Sin ser más exhaustivos, conjuntamente con el crecimiento constante de la población en el país, salvo cambio sustancial de las políticas aplicadas al progreso y al desarrollo, crecerá del mismo modo el desempleo.