La Guardia Civil ha desmantelado, en la operación "Mano Negra", a una organización que se adueñó de las herencias de 22 ancianos fallecidos. La banda intensificó sus actividades tras las muertes relacionadas con la pandemia de Covid-19.
En total, ocho personas han sido detenidas y otras tres están siendo investigadas por la Guardia Civil por delitos como organización criminal, robo, estafa, falsedad documental, apropiación indebida, blanqueo de capitales, usurpación de estado civil y tenencia ilícita de armas en las provincias de Alicante, Valencia y Bizkaia.
Hasta la fecha, se han identificado 22 fallecidos que fueron víctimas de este grupo criminal, incluyendo dos españoles, cinco franceses, un belga, cuatro suizos, un británico, ocho alemanes y un finlandés. Muchos de ellos no tenían herederos conocidos, y no se descarta que el número de víctimas aumente.
La investigación comenzó en mayo de 2021, cuando se descubrió que los precintos judiciales habían sido retirados de una casa en Benissa, donde se habían realizado reformas y robado objetos, incluyendo una motocicleta de alta gama.
En una primera fase, los agentes identificaron a dos miembros del grupo criminal que trabajaban en un tanatorio en la comarca de la Marina Alta. Estos individuos robaban joyas de los difuntos no reclamados por sus familiares y proporcionaban información para robar en las viviendas de los fallecidos y obtener sus claves bancarias.
Una vez que se aseguraban de que ningún familiar reclamaba el cuerpo del fallecido, los líderes de la organización, dos hermanos residentes en Bilbao, una mujer de 63 años con estudios en Derecho y un hombre de 54 años mediador de seguros, comenzaban a actuar.
La mujer era gerente de 12 empresas, incluyendo dos inmobiliarias y cuatro gestorías, y el hombre era propietario de una correduría de seguros. Las inmobiliarias se usaban para alquilar y vender las propiedades de los fallecidos, y las gestorías se usaban para convertir a los difuntos en avalistas de las empresas del grupo mediante falsos contratos mercantiles. De esta manera, la organización conseguía que los finados tuvieran una responsabilidad patrimonial y así, se quedaban con sus bienes de forma muy económica.
Para evadir impuestos, los hermanos utilizaban una empresa de construcción y reformas, una oficina de trámites de seguros, un taller de mecánica en Bilbao, dos hoteles en las provincias de Murcia y Valencia, un restaurante en Denia y dos sociedades offshore en Irlanda y Malta. Incluso se hicieron con el control de una asociación cultural en Bilbao para simular donaciones e impagos en vida de los fallecidos.
Entre los miembros de la banda, también había un antiguo trabajador de un ayuntamiento de la comarca de la Marina Alta, quien asesoraba y realizaba modificaciones catastrales para inscribir de forma irregular las fincas en el Registro de la Propiedad. Otro detenido era un trabajador de un geriátrico de la misma comarca, quien obtenía la documentación y claves bancarias de sus víctimas, llegando a transferir más de 112.000 euros de dos residentes nonagenarios de nacionalidades alemana y suiza a las cuentas bancarias del grupo criminal.
La banda se apropió ilícitamente 20 inmuebles, cuatro en París, y se detuvieron siete personas
El grupo criminal ha sido acusado por los investigadores de apropiarse ilícitamente de 20 inmuebles valuados en más de tres millones de euros, cuatro de ellos ubicados en la ciudad francesa de París.
En octubre del año pasado, debido al riesgo de fuga de uno de los líderes del grupo, se llevaron a cabo siete registros en diferentes localidades de las provincias de Alicante, Valencia y Bizkaia. Como resultado, se detuvieron a siete hombres y una mujer, y se investigaron a otras tres personas.
Además, se encontraron cinco armas de fuego, alrededor de 100 piezas de joyería, 11.000 euros en efectivo, diversos dispositivos electrónicos y móviles, ocho vehículos, una billetera fría de criptomonedas, 20 propiedades y 71 cuentas bancarias que están siendo analizadas.
Hasta ahora, se ha identificado a un total de 22 personas fallecidas que fueron víctimas de este grupo criminal. La Guardia Civil aún no ha dado por concluida la operación, ya que no descarta que el número de afectados pueda aumentar.
La operación fue llevada a cabo por el Equipo Territorial de Policía Judicial de Calpe y el Equipo de Delincuencia Económica de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Alicante, con la colaboración de las unidades de Seguridad Ciudadana de la Compañía de Calpe y de la Comandancia de Valencia, así como del personal de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de las Comandancias de Alicante y Bizkaia.
El Juzgado de Instrucción número 2 de Denia ha ordenado el ingreso en prisión sin fianza de la líder del grupo y ha establecido medidas cautelares para el resto de los implicados.
