La Guardia Civil constató la ausencia de control zoosanitario en el ganado, lo que podría representar "un grave riesgo para la salud humana".
En el marco de las labores de control de explotaciones agrícolas y ganaderas, agentes de la Guardia Civil han descubierto una explotación ovino-caprina clandestina en la comarca alicantina de la Vega Baja y han levantado acta al responsable, quien podría enfrentarse a sanciones de hasta 1.200.000 euros.
A finales del año pasado, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de Guardamar recibió información sobre el hallazgo de varios cadáveres de ovejas en el azarbe que atraviesa la localidad de San Fulgencio, en dirección a la desembocadura del Río Segura, según ha comunicado la Guardia Civil.
Los investigadores verificaron la información y observaron que los animales no tenían crotal (un elemento plástico identificativo adherido a la oreja del animal). Ante esta situación, iniciaron una investigación para determinar la procedencia de los animales y sospecharon de la posible existencia de una explotación ganadera clandestina.
Después de llevar a cabo diversas inspecciones en explotaciones de la zona, los agentes localizaron una explotación ilegal de ganado ovino-caprino, oculta en unas antiguas instalaciones abandonadas anteriormente destinadas al ganado porcino. Además, lograron identificar al responsable de la explotación.
Tras realizar la inspección, los agentes constataron la ausencia de control zoosanitario en el ganado, lo que podría representar «un grave riesgo para la salud humana» en caso de consumirlo. Además, los restos de los animales encontrados en la cuenca del río pudieron ser vinculados a la explotación.
Ante estas circunstancias, los agentes levantaron acta y notificaron a la Conselleria de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Generalitat Valenciana por la presunta comisión de infracciones a la Ley 8/2033 de Sanidad Animal de la Comunitat Valenciana. Los animales fueron depositados a disposición de la autoridad competente.
El responsable de la explotación podría enfrentarse a faltas graves, como la falta de comunicación de la muerte del animal de producción, ausencia de desinfección, desinsectación y el incumplimiento de las medidas sanitarias establecidas reglamentariamente, así como la carencia de documentación sanitaria.
Además, estas acciones podrían conllevar faltas muy graves, tales como destinar animales para consumo humano sin cumplir con los análisis, pruebas y test de detección de enfermedades exigidos. Todas estas infracciones están sujetas a sanciones económicas que oscilan entre 3.001 y 1.200.000 euros.
