Algunos de los trabajadores declararon a los agentes que realizaban jornadas laborales extensas, llegando a alcanzar las 58 horas semanales.
Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Valencia, han desmantelado en Mislata (Valencia) un taller de costura clandestino en el que se empleaba a 12 trabajadores de manera irregular, sometidos a extensas jornadas laborales y sin estar dados de alta en la Seguridad Social por remuneraciones inferiores a 900 euros.
En relación a este caso, se ha procedido a la detención de tres personas, dos mujeres y un hombre, cuyas edades oscilan entre los 31 y los 46 años. Están siendo investigados por presunta responsabilidad en los delitos de pertenencia a organización criminal y contra los derechos de los trabajadores, según informó la Jefatura en un comunicado.
Durante la inspección del establecimiento, se identificaron a 12 trabajadores extranjeros, de los cuales nueve se encontraban en situación irregular y carecían de permiso de trabajo, así como de alta en la Seguridad Social. Se constató que algunos empleados estaban sometidos a largas jornadas laborales con una remuneración inferior a los 900 euros.
Las investigaciones se iniciaron en noviembre del año pasado, cuando los agentes de la Brigada Local de Extranjería y Fronteras de la Comisaría de Policía Nacional de Xirivella-Aldaia-Alaquás tuvieron indicios de que los propietarios de un establecimiento comercial en Mislata podrían estar involucrados en un delito contra los derechos de los trabajadores.
Como resultado de las pesquisas, se llevó a cabo un dispositivo policial en colaboración con la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Valencia. Durante la operación, se verificó que el lugar en cuestión operaba como un taller clandestino de confección de ropa infantil. En el interior, se identificaron a 12 personas trabajando, de las cuales nueve estaban en situación irregular en el país, sin contar con permiso de trabajo y sin estar dadas de alta en la Seguridad Social.
Entre las personas identificadas se encontraban los encargados, una pareja de origen boliviano, quienes junto con otra de las trabajadoras, eran los únicos que tenían contrato de trabajo y estaban registrados en la Seguridad Social. La propietaria del taller, que también era familiar de los dueños, no estaba presente en el momento de la inspección, pero fue identificada posteriormente.
Algunos de los trabajadores declararon a los agentes que realizaban jornadas laborales extensas, llegando a alcanzar las 58 horas semanales, por las cuales recibían un salario inferior a los 900 euros al mes.
Finalmente, tanto la pareja de encargados como la propietaria del establecimiento fueron detenidos como presuntos autores de los delitos de pertenencia a grupo criminal y contra los derechos de los trabajadores, llevándose a cabo la desarticulación del taller clandestino.
Los detenidos fueron puestos en libertad después de prestar declaración, siendo informados de la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando fueran requeridos.
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