Las dificultades financieras de Frost-trol comenzaron en 2021, tras un fraude interno que causó un grave daño económico.
La emblemática empresa Frost-trol, con sede en Cabanes (Castellón) y referente en la fabricación de frigoríficos industriales, enfrenta un futuro incierto tras anunciar el despido de sus 133 trabajadores y encaminarse hacia un posible concurso de acreedores. Esta compañía, con más de 60 años de historia, ha sido golpeada por una grave crisis financiera desde 2021, cuando un fraude interno generó pérdidas estimadas en más de 13 millones de euros, según fuentes sindicales y empresariales. A pesar de los esfuerzos por salvar su unidad productiva mediante negociaciones con posibles inversores, la fábrica ha cesado su actividad laboral, marcando un punto crítico en su trayectoria.
Un ERE que extingue la plantilla activa Frost-trol en Cabanes
El expediente de regulación de empleo (ERE) que afecta a los 133 trabajadores de Frost-trol ha concluido, dejando la planta de Cabanes sin personal activo. Según ha confirmado la Unión General de Trabajadores (UGT) en Castellón, el acuerdo alcanzado establece una indemnización de 28 días por año trabajado, con un máximo de 15 mensualidades, en línea con las condiciones pactadas en un ERE previo ejecutado a finales de 2024. Estas medidas reflejan el intento de la empresa por mitigar el impacto social del cierre, aunque no han sido suficientes para evitar la salida total de la plantilla.
Frost-trol, que en su apogeo empleó a más de 500 trabajadores, ha visto su fuerza laboral reducida drásticamente en los últimos años. En enero de 2024, la empresa aún contaba con 347 empleados, pero los problemas económicos persistentes han llevado a una reestructuración severa. El ERE actual, descrito como de «extinción», responde a la exclusión de parte del personal en las posibles operaciones de venta de la unidad productiva, según informó la compañía.
Origen de la crisis en Frost-trol: un fraude interno en 2021
El origen de las dificultades financieras de Frost-trol se remonta a 2021, cuando la empresa sufrió un fraude interno que generó un impacto económico devastador. Según fuentes oficiales, este incidente provocó pérdidas de aproximadamente 14 millones de euros, lo que desencadenó una caída del 7% en la facturación respecto a 2020 y un aumento de 14 millones en existencias no vendidas. Este golpe, combinado con una crisis financiera generalizada, ha llevado a la compañía a una situación de preconcurso desde principios de 2024, un mecanismo que permite negociar con acreedores para evitar la insolvencia total.
Desde entonces, Frost-trol ha intentado revertir su situación mediante la refinanciación de su deuda y la búsqueda de inversores que asuman la unidad productiva. Sin embargo, las negociaciones no han fructificado, y la empresa ha optado por un ERE de extinción como medida preventiva ante un posible concurso de acreedores. Según el artículo 64 de la Ley Concursal española, los ERE concursales deben negociarse con los representantes de los trabajadores y ser aprobados por un juez, asegurando que las indemnizaciones se ajusten a la legislación laboral.
Negociaciones con inversores: una última esperanza
A pesar del cese de operaciones, Frost-trol no ha abandonado la búsqueda de soluciones. La empresa ha estado en conversaciones con varios inversores para vender su unidad productiva, una operación que podría salvar parte de los empleos si se concreta. Según fuentes de la compañía, la venta excluiría a una parte de la plantilla actual, lo que explica la ejecución del ERE. No obstante, si la operación prospera, algunos trabajadores podrían ser reintegrados, evitando el escenario más drástico de un concurso de acreedores.
Desde UGT Castellón, se mantiene un tono cauto pero esperanzado,
Otra posibilidad es una compra antes de entrar en concurso; es más difícil, pero podría darse.
Esta vía, aunque compleja, es viable bajo el marco legal español, que permite la transmisión de unidades productivas en preconcurso para preservar la actividad empresarial (Ley 16/2022, de 5 de septiembre, de Reforma de la Ley Concursal). Sin embargo, la falta de avances concretos en las negociaciones ha generado incertidumbre entre los trabajadores y los sindicatos.
Impacto en los trabajadores y el papel del FOGASA
Los 133 trabajadores despedidos enfrentan ahora un panorama complicado. Según la legislación laboral española, los empleados afectados por un ERE concursal tienen derecho a reclamar salarios e indemnizaciones pendientes ante el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA). Este organismo, dependiente del Ministerio de Trabajo y Economía Social, cubre salarios impagados hasta un máximo del doble del salario mínimo interprofesional (SMI) diario por 120 días y una indemnización máxima de una anualidad, con un tope basado en el doble del SMI.
Sin embargo, los límites del FOGASA pueden implicar que los trabajadores con mayor antigüedad o salarios más altos no reciban la totalidad de lo adeudado. En este caso, los créditos laborales pendientes pasarían a formar parte de la lista de acreedores en un eventual concurso, con prioridad como créditos contra la masa o con privilegio general, según el momento en que se generaron. UGT ha denunciado que Frost-trol adeuda dos mensualidades y media de salarios y ha incumplido el plan de pagos de indemnizaciones acordado en el ERE anterior, lo que agrava la situación de los trabajadores.
Fotografía portada: Google.
