Comercializaban los vehículos en Francia y Portugal a través de la red que habían establecido, obteniendo un beneficio de más de 330.000 euros.
La Policía Nacional ha desmantelado una organización delictiva que operaba en Alicante y también en Madrid y se dedicaba a estafar a instituciones financieras a través de la compra de automóviles que luego vendían en Francia y Portugal.
Los doce miembros de la red fueron detenidos por su presunta implicación en delitos como estafa, receptación, usurpación de identidad, falsificación de documentos, blanqueo de capitales y pertenencia a una organización criminal.
En la Comunidad de Madrid, obtenían documentación falsa mediante el uso de identidades reales, solicitaban financiamiento y adquirían vehículos que eran trasladados a Alicante para sacarlos del territorio nacional.
Una vez en Francia y Portugal, la organización contaba con una infraestructura para su venta, lo que les permitió obtener más de 330.000 euros.
La Policía ha informado de que la investigación, bautizada como ‘operación Bolillo’, se inició después de que se detectara una serie de estafas a entidades financieras que se centraban principalmente en la adquisición de vehículos.
ACTUABAN EN DOS PROVINCIAS, TAMBIÉN EN FRANCIA Y PORTUGAL
Después de una larga investigación, se pudo constatar que la organización criminal estaba compuesta por individuos de diferentes nacionalidades que operaban en dos zonas.
En la provincia de Madrid, había un grupo encargado de conseguir la documentación de las víctimas para solicitar financiación y comprar vehículos. Estos vehículos eran entregados a otra parte de la organización en Alicante, donde contaban con la logística necesaria para sacarlos del territorio nacional de manera inmediata, evitando así la intervención policial.
En Francia y Portugal, disponían de una estructura jerarquizada y coordinada para vender los vehículos y obtener un importante beneficio económico.
Los agentes también descubrieron que habían llevado a cabo un total de 10 operaciones de financiación que les habían generado un perjuicio económico superior a los 330.000 euros.
A finales de marzo, los agentes llevaron a cabo varios dispositivos en los que registraron tres viviendas en la provincia de Madrid y una en Alicante, lo que permitió la detención de doce individuos y la desarticulación total de la organización criminal.
