El conseller de Vivienda visitará mañana el bloque de la avenida José Ortiz
Diez empresas optan a la demolición del edificio ubicado en el número 167 de la avenida José Ortiz, conocido como Grupo B, según los datos que maneja la Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl (EVha) de la Generalitat Valenciana y que la alcaldesa, Merche Galí, ha trasladado en el pleno ordinario de hoy. El plazo para presentar las plicas al concurso público ha finalizado este mediodía, de manera que la ejecución del derribo, que salió a concurso con un presupuesto límite de 354.215 euros (IVA incluido), avanza según lo previsto.
Así, el vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Rubén Martínez Dalmau, visitará mañana el edificio junto a la alcaldesa, que ha agradecido “la gestión del Consell y los compromisos adoptados meses atrás para que la demolición del bloque sea una realidad, como prometí al vecindario de Fátima personalmente”.
El plazo para la presentación de ofertas a través de la Plataforma de Contratación Estatal ha finalizado a las 14 horas, tal como anunció la Conselleria de Vivienda durante la apertura del proceso público. En este tiempo, las empresas interesadas en participar en la licitación han recibido la información pertinente a través de la plataforma virtual para enviar sus solicitudes a la sede de EVha.
Una vez valoradas las ofertas por los técnicos, la entidad adjudicará el derribo a la empresa ganadora del concurso público para demoler el grupo de 38 viviendas, vacías y tabicadas desde la pasada legislatura para evitar la ocupación ilegal y prevenir accidentes como el que en noviembre de 2013 se cobró la vida de una mujer durante un incendio.
“La Generalitat Valenciana, y en este caso el departamento de Vivienda, han entendido la problemática de este grupo que inicialmente constaba de 94 viviendas y han materializado esa sensibilidad en la actuación concreta que demandamos siempre: la demolición del bloque que tanto sufrimiento ha creado a Fátima”, según la alcaldesa de Almassora. “El propio conseller nos aseguró que en 2020 la Generalitat reservaría fondos para demoler el bloque y así ha sido”, en palabras de la primera edil.
La solución consensuada entre ambas partes permitirá llevar a cabo el derribo este año, en apenas unos meses, tal como reclamaba el vecindario. Los estudios realizados mostraron que el coste de rehabilitación integral del inmueble superaba el 50% del valor de una edificación similar de nueva planta en un bloque que está fuera de ordenación urbanística.
