Además, solicitará al Gobierno central que realice un estudio para evaluar posibles usos alternativos para las plantas desalinizadoras de Oropesa-Cabanes y Moncofa.
La Diputación Provincial de Castellón ha decidido solicitar al Gobierno de España que se haga cargo íntegramente de los costes asociados a la construcción, instalación y puesta en marcha de las desaladoras en la provincia.
En el pleno ordinario de julio, que se celebrará este martes 23, se debatirá una moción presentada por el equipo de gobierno con el objetivo de iniciar los trámites necesarios para que estas infraestructuras sean completamente propiedad del dominio público hidráulico del Estado. De esta manera, se pretende evitar que las administraciones locales asuman los costos de construcción.
La presidenta Marta Barrachina ha enfatizado la necesidad de que el Gobierno central atienda las solicitudes de la provincia y no imponga a los ayuntamientos gastos que no se ajustan a las necesidades actuales. Barrachina recordó que entre 2006 y 2007 se firmaron convenios entre Acuamed y los distintos ayuntamientos para la financiación y explotación de las desaladoras en Castellón.
Estos acuerdos se basaron en previsiones hipotéticas de desarrollo urbano que nunca se concretaron, y eran necesarios para aprobar los planes de crecimiento propuestos por los municipios.
Explicó la presidenta provincial.
Barrachina destacó que los convenios firmados en su momento “ya no son válidos”, dado que el planeamiento urbano ha cambiado significativamente. Lamentó que dichos acuerdos obligan a los ayuntamientos a enfrentar altos costos relacionados con la amortización de instalaciones que resultan ser excesivas en comparación con las necesidades actuales.
Esto genera una situación extremadamente urgente y grave, dado que, en todos los casos, las necesidades reales de abastecimiento son mínimas en comparación con la capacidad de las instalaciones.
Afirmó Barrachina.
La presidenta explicó que los ayuntamientos afectados se encuentran en una posición desfavorecida en relación con los convenios. Aunque se han logrado acuerdos transitorios para mejorar la situación, estos son solo soluciones temporales y no resuelven el problema de manera definitiva, subrayó Marta Barrachina.
Barrachina insistió en que la prioridad debe ser implementar políticas que respondan a las necesidades de los municipios y generen oportunidades para el territorio. Por ello, la Diputación de Castellón continuará exigiendo que el Gobierno de España preste la atención necesaria a la provincia, que ha estado desatendida en los últimos años.
En consecuencia, la moción que se presentará este martes propondrá que el Gobierno de España inicie los trámites para que las infraestructuras de desalación sean totalmente propiedad del dominio público hidráulico del Estado. Esto implicaría que todos los costos relacionados con la construcción, instalación y puesta en marcha de estas infraestructuras sean asumidos íntegramente por el Estado, evitando así que las administraciones locales carguen con estos gastos.
Además, la Diputación pedirá al Gobierno que modifique todos los convenios existentes con los ayuntamientos que obliguen a las entidades municipales a cubrir los costos de amortización de las infraestructuras.
Estos costos deberán ser asumidos completamente por el Estado.
Además, la moción solicitará al Gobierno central que realice un estudio para evaluar posibles usos alternativos para las plantas desalinizadoras de Oropesa-Cabanes y Moncofa, con el fin de asegurar su rentabilidad. También se pedirá que el Gobierno de España planifique y ejecute, con fondos estatales, las conexiones necesarias para integrar estas plantas en las redes de distribución de agua cercanas, facilitando así el uso del agua desalada por el mayor número posible de habitantes.
Finalmente, se instará al Gobierno de España a presentar un proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2024 que aborde los problemas que enfrenta la provincia de Castellón, garantizando la financiación necesaria para las dos desaladoras de la provincia.
