La institución convoca a cargos públicos de la provincia de Castellón para una jornada formativa sobre integridad institucional y buen gobierno.
En un esfuerzo por fortalecer la integridad institucional y promover el buen gobierno en toda la provincia, la Diputación Provincial de Castellón ha organizado una jornada formativa dirigida a cargos públicos. El objetivo principal de esta iniciativa es,
Sensibilizar, informar y formar a todo el personal con responsabilidades públicas para prevenir, detectar y corregir casos de fraude, corrupción y conflictos de intereses.
El diputado de Recursos Humanos de la institución provincial, Ximo Llopis, destacó la importancia de esta formación como parte del compromiso del equipo de Gobierno Provincial con los 135 municipios de la provincia para salvaguardar el territorio frente a la corrupción.
Contra la corrupción debemos ser implacables, tanto por ética como por responsabilidad política.
Enfatizó el diputado.
La jornada, enmarcada en el Protocolo de colaboración funcional entre la Diputación Provincial de Castellón y la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana, fue dirigida por Joan Linares, director de la Agencia Valenciana Antifraude, y Teresa Clemente, directora adjunta y de asuntos jurídicos de la misma agencia.
Durante el evento, se abordaron las obligaciones derivadas de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. Esta iniciativa refuerza el compromiso de ambas entidades con la realización de actividades formativas destinadas a promover la integridad y el buen gobierno en la provincia.
Es fundamental que abordemos esta problemática de manera efectiva, por eso hemos reunido a los cargos públicos de la provincia para impulsar buenas prácticas y prevenir la corrupción.
Subrayó Ximo Llopis. «Esta jornada se suma a los esfuerzos de la Diputación Provincial de Castellón por colaborar con la Agencia Valenciana Antifraude en la promoción de la transparencia y la ética en la gestión pública». Concluye.
