El pleno ordinario de la Diputación ha aprobado una declaración institucional apoyada por todos los grupos en la que se pide al Gobierno de España «la suspensión de la tramitación del proyecto para el establecimiento de una planta solar fotovoltaica denominada ‘Magda’ en el territorio de la provincia de Castellón». Se rechaza de este modo una infraestructura que «tendría impacto en el conjunto de la provincia» y que afectaría de manera directa a los ayuntamientos de les Coves de Vinromà, Vilanova d’Alcolea, la Torre d’en Doménec, Benlloc, Alcalà de Xivert, Torreblanca, la Vall d’Alba, Cabanes, Vilafamés, Sant Joan de Moró, Borriol, Castellón de la Plana y Almassora, por ser los que albergarían la planta y las líneas de evacuación.
Además, piden que la Diputación de Castellón cree un grupo de trabajo con representantes de todas las administraciones implicadas a fin de hallar la mejor solución frente a la implantación de este tipo de infraestructuras en la provincia.
En la exposición de motivos del texto aprobado se reconoce que la generación de energía eléctrica es uno de los grandes retos que hay que abordar desde los puntos de vista de la sostenibilidad medioambiental, la defensa del territorio, el patrimonio, el desarrollo económico y la ciudadanía que se vería directamente afectada.
Defensa del Fondo de Colaboración
En el trascurso de la sesión plenaria asimismo se ha aprobado una moción impulsada por los partidos que conforman el equipo de gobierno, PSPV-PSOE y Compromís, en la que se muestra el apoyo de la corporación al Fondo de Cooperación Municipal de la Comunitat Valenciana. El texto, que ha contado con el voto afirmativo de los asociados de gobierno, la abstención de Ciudadanos y el voto en contra del Partido Popular, apunta que la Diputación de Castellón manifiesta su compromiso con este fondo, al que considera «un instrumento a fin de que la autonomía local sea una realidad».
En consecuencia, se insta a todas y cada una de las fuerzas políticas y administraciones públicas valencianas a «no judicializar y no bloquear un instrumento que rema hacia una financiación más justa para los municipios de la provincia». Es una iniciativa que se adopta a causa de la decisión PP en la Comunitat Valenciana de fomentar que el Conjunto Popular en el Congreso presente un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la ley de la Generalitat que regula el Fondo de Cooperación Municipal.
El texto recuerda que «en 2021 la Diputación dobló la aportación de cinco con 6 millones que realiza la Generalitat Valenciana a este fondo, trasfiriendo 11,2 millones de euros, con lo que los 135 municipios de la provincia percibieron a través del Fondo 16,8 millones de euros». Asimismo mienta que en 2022 la Diputación transferirá a estos ayuntamientos por esta vía quince millones de euros.
El diputado de Concertación con los municipios, Ximo Huguet, ha intervenido en el pleno en representación del Grupo Socialista, para instar al Grupo Popular a solicitar a su presidente regional, Carlos Mazón, que retire el recurso que ha presentado frente al Tribunal Constitucional contra el Fondo de Colaboración Municipal.
También se ha referido al «doble discurso del Partido Popular de Castellón», al que ha pedido «coherencia» por el hecho de que «defiende el Fondo de Cooperación cuando está en la oposición pero no lo aplica cuando está en el gobierno», señalando que «si el PP siguiera al frente de la Diputación de Castellón a los ayuntamientos de la provincia, y especialmente a los más pequeños, llegarían cero euros por esta vía».
Por su lado, el portavoz de Compromís, Ignasi Garcia, ha defendido que «fue la llegada del gobierno del Botánico la que permitió poner en marcha uno de los compromisos estatutarios de la Comunitat Valenciana como el Fondo de Colaboración Municipal. Una manera de hacer llegar a nuestros municipios recursos económicos para su administración de cada día debido a una infrafinanciación municipal que no ha arreglado aún el gobierno de Madrid».
Garcia ha lamentado «que haya partidos que aprobaron el estatuto y que ahora rechazan el fondo y también procuran llevarlo a la inconstitucionalidad, siendo como es, la primordial aportación que hacen la Generalitat y la Diputación a los municipios». Conforme ha dicho, «es del todo inconcebible».
#CastellóAvança
El pleno también ha dado luz verde con el voto en favor de todos y cada uno de los grupos a la ordenanza que regula el nuevo plan #CastellóAvança, el programa inversor municipal para el bienio 2022-2023, cuya dotación económica asciende a treinta millones de euros. Es la evolución del precedente Plan 135 y se ha pensado para dotar de mayor flexibilidad y autonomía a los ayuntamientos de la provincia, que van a poder desarrollar sus obras a un par de años vista, sin la presión administrativa de tener que redactar, licitar, adjudicar, ejecutar y finalizar los proyectos en un solo ejercicio.
Utilizando su autonomía municipal, las alcaldes y los alcaldes van a poder destinar todo el dinero que les corresponda para el bienio 2022-2023 a una única actuación de gran envergadura o bien destinar esos fondos a un máximo de 4 obras. Cuando menos el veinte por ciento de las inversiones van a deber ir en la línea que marcan los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) incluidos en la Agenda 2030 de la Organización de Naciones Unidas.
Atención a mayores en los bancos
Los 4 conjuntos representados en la Diputación de Castellón han unido su fuerzas para aprobar una declaración institucional en la que se reclama que las entidades bancarias «ofrezcan una atención adaptada en ventana, con especial atención a las personas mayores y/o con diversidad funcional». Asimismo se solicitan que los bancos no cobren comisiones por conceptos derivados del servicio de atención a las usuarios o bien a aquellos clientes que no tengan capacidad para efectuar operaciones en los cajeros. Otro de los ruegos es que los productos financieros que se ofrezcan sean claros, trasparentes y comprensibles.
Para finalizar, se insta a promover la instalación de cajeros en todos los municipios de la provincia, en especial, tras el progresivo cierre de sucursales que se ha producido en los últimos años.
Los derechos de la mujeres
El presidente Martí ha dado lectura durante el pleno a los textos de tres declaraciones institucionales pactadas por todos los conjuntos, que viran en torno a las celebraciones del ocho de marzo, Día Internacional de la Mujer. Se apuesta por un apoyo sin fisuras a esta festividad por parte de la Diputación para fortalecer el principio de igualdad, sumándose al eslogan de la Organización de la Naciones Unidas de ‘Igualdad de género para un mañana sostenible’, al combate con tolerancia cero contra la mutilación genital femenina y a la reclamación del fin de la brecha salarial entre hombres y mujeres.
Tasa turística
El pleno asimismo ha aprobado una petición presentada por el Grupo Popular y votada a favor por PSPV-PSOE y Ciudadanos en la que se insta al Consell de la Generalitat a no implantar la tasa turística en la Comunidad Valenciana «por sus efectos desfavorables para el sector», que además se opone a su aplicación. También se solicita que no se utilice a los municipios para ponerla en marcha. El Grupo Compromís ha votado en contra.
