"Los viticultores valencianos recibieron un apoyo un 33% inferior al promedio nacional y un 66% inferior al otorgado a los productores de La Rioja".
La Unió Llauradora ha instado a la Conselleria de Agricultura a equiparar las subvenciones para la vendimia en verde de los productores de uva de vinificación en la Comunitat Valenciana con las de otras regiones autónomas, evitando así la repetición del claro desequilibrio comparativo del año pasado.
En el año 2023, la superficie solicitada en la Comunitat Valenciana representó tan solo el 8% del total nacional, y las ayudas concedidas únicamente alcanzaron el 5% del total español. Por consiguiente,
Los viticultores valencianos recibieron un apoyo un 33% inferior al promedio nacional y un 66% inferior al otorgado a los productores de La Rioja.
La práctica de la vendimia en verde se considera un recurso de gestión de crisis ante desequilibrios en el mercado, como los que se están experimentando en la actualidad. La UNIÓ sostiene que esta medida es efectiva para estabilizar la oferta y la demanda, al tiempo que asegura un ingreso directo para los productores.
El Ministerio de Agricultura ha asignado un presupuesto para implementar la cosecha en verde, y hasta el momento siete comunidades autónomas han optado por esta medida: Comunitat Valenciana, Murcia, Madrid, Castilla-La Mancha, Navarra, País Vasco y La Rioja.
Cada una de estas comunidades es responsable de establecer los marcos legislativos y técnicos para llevar a cabo este proceso, lo que puede resultar en diferencias en la cantidad de ayuda que reciben los productores según la comunidad autónoma en la que se encuentren.
En múltiples ocasiones, LA UNIÓ ha instado a la Conselleria de Agricultura a que determine estas ayudas de acuerdo con lo que se está haciendo en otras comunidades autónomas, tanto en lo que respecta a los montos máximos de los costos de producción por hectárea como en la compensación por la pérdida de ingresos.
Para el año 2024, menos comunidades autónomas han solicitado beneficiarse de esta ayuda, y el presupuesto asignado por el Ministerio de Agricultura es de 21,4 millones de euros, lo que representa un aumento del 45% en comparación con la campaña anterior.
Desde LA UNIÓ se está solicitando,
En la resolución que convoque las ayudas para la cosecha en verde durante la campaña 2024/2025 en la Comunitat Valenciana se asignen montos para los costos directos de destrucción o eliminación de la uva que sean similares a los establecidos en otras comunidades autónomas.
Asimismo, se pide que los valores de compensación por pérdidas de ingresos se ajusten a los precios establecidos en el Plan de Seguros Agrarios del año 2024. Además, se solicita que la compensación por pérdidas de ingresos sea al menos del 60% del importe máximo y que la puntuación para las parcelas inscritas en la IGP «Vinos de la Tierra de Castelló» sea la misma que la aplicada para las parcelas inscritas en las otras tres Denominaciones de Origen de la Comunitat Valenciana (Utiel-Requena, Valencia y Alicante).
Es importante destacar que la próxima semana, específicamente los días 16 y 17 de abril, se llevarán a cabo en Utiel unas jornadas estatales sobre políticas públicas en el sector vitivinícola, organizadas por la Unión de Uniones y LA UNIÓ.
Durante esos dos días se llevará a cabo un análisis exhaustivo de la situación del sector vitivinícola, abordando sus principales macromagnitudes: superficie cultivada, producción, consumo y comercio. Se discutirán las estrategias a seguir en las negociaciones de políticas públicas relacionadas con el sector vitivinícola, como el Programa de Apoyo al Sector Vitivinícola (PEPAC), la Intervención Sectorial Vitivinícola (ISV) y se evaluarán las valoraciones y propuestas en el contexto de la crisis que atraviesa el sector, junto con su potencial productivo.
Asimismo, se plantearán las políticas públicas en relación con los seguros agrarios para el sector vitivinícola, considerándolos como una herramienta fundamental para garantizar los ingresos de los viticultores. Se abordarán las ayudas directas al sector y se analizará el papel de las comunidades autónomas frente a situaciones como la sequía o las crisis derivadas de conflictos internacionales, como el caso de la situación en Ucrania.
