Disparidades del IMV entre las distintas Comunidades Autónomas

La Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales ha señalado que, cuatro años después de la implementación del Ingreso Mínimo Vital (IMV), solo alcanza al 11,01% de la población bajo el umbral de la pobreza en la Comunitat Valenciana, por debajo del 12,19% a nivel nacional.

Según los datos recopilados por la Asociación en abril, 62.734 familias valencianas fueron beneficiarias del IMV, con un total de 187.590 personas. Además, 43.476 hogares valencianos (112.810 personas) reciben la renta básica de subsistencia al tener ingresos inferiores al umbral de la «renta garantizada».

El colectivo ha criticado al Gobierno por la falta de coordinación con los servicios sociales municipales para ampliar la cobertura de esta ayuda, y ha denunciado las disparidades territoriales entre comunidades autónomas, que van desde el 24,5% de cobertura de población bajo el umbral de la pobreza en Euskadi hasta el 5,9% en Baleares.

Los gerentes de Servicios Sociales han censurado al gobierno por no cumplir con el objetivo que había establecido de alcanzar en unos meses a las 850.000 familias que viven en la pobreza extrema en nuestro país. Además, la persistencia de las «colas del hambre» debería avergonzar a los gobernantes, según la asociación, que los acusa de incompetencia en la gestión del Ingreso Mínimo Vital, al que califican como la «vacuna contra la pobreza».

Según los datos recopilados por la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales en abril, 589.948 familias fueron beneficiarias del IMV, con un total de 1.771.480 personas. El colectivo ha recordado que el Ingreso Mínimo Vital incluye tanto la renta básica de subsistencia para familias con ingresos por debajo de la renta garantizada, como el complemento de ayuda para la infancia que permite completar las rentas inferiores a tres veces la renta garantizada.

Las familias que reciben la renta básica de subsistencia por tener ingresos inferiores a lo que se considera «renta garantizada» son solo, según la entidad, 392.902 hogares (1.006.763 personas), lo que representa el 2,1% de la población española. Además, han recordado que la previsión inicial cuando se implantó el IMV en 2020 era llegar a 850.000 familias que se encuentran en situación de pobreza severa, lo que equivale al 17% de la población española, es decir, 2,3 millones de personas.

La realidad es que solo se ha alcanzado el 46,2% de cobertura de la pobreza severa.

Ha explicado el colectivo. Y, han añadido, si se toma como referencia el riesgo de pobreza, actualmente hay en España 8.260.000 personas en esa situación, al estar por debajo del 60% de la mediana de ingresos. En consecuencia, el IMV solo llega al 12,2% de las personas en riesgo de pobreza.

Notables disparidades en la implementación del IMV entre las distintas Comunidades Autónomas

La asociación ha resaltado las «notables disparidades» en la implementación del IMV entre las distintas Comunidades Autónomas. Mientras que en País Vasco (24,6%), Ceuta (23,5%) y Melilla (22,6%) la cobertura alcanza a más del 20% de la población bajo el umbral de la pobreza, en Castilla La Mancha (8,7%), Cataluña (8,6%), Canarias (8,3%) y Baleares (5,9%) no supera el 10%.

Más cercanas al promedio nacional del 12,2% se sitúan comunidades como Navarra (17,7%), Asturias (16,5%), La Rioja (15,8%), Andalucía (14,4%), Aragón (13,6%), Madrid (13,07%), Extremadura (13,4%), Cantabria (12,2%), Castilla y León (12,17%) y la Comunidad Valenciana (11,01%), junto con Galicia (10,9%).

Ante este panorama, la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales considera «necesario un impulso aún mayor para integrar el IMV en la gestión de los servicios sociales de atención primaria». Sostienen que «los servicios sociales comunitarios constituyen una red extendida que llega a toda la ciudadanía, sin importar el municipio de residencia o su situación personal y social».

Sin embargo, la organización lamenta que «el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social no haya establecido una coordinación que, sin duda alguna, habría facilitado la implementación del IMV, mejorando los plazos de acceso y la situación económica de muchas familias». En su opinión,

El laberinto burocrático diseñado para acceder al IMV ha provocado, en la peor crisis social de la historia, que miles de personas en situación de vulnerabilidad pasen meses sufriendo precariedad extrema.

Concluye.