El fiscal estima en 20.606.364 euros el dinero obtenido de "manera delictiva mediante operaciones de corrupción" por parte de Zaplana y su organización.
El expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro del Partido Popular (PP), Eduardo Zaplana, ha comparecido ante los juzgados dispuesto a dar su testimonio en el caso conocido como Erial.
Hoy comienza el juicio y sí voy a declarar.
Afirmó.
Zaplana hizo estas declaraciones a los medios de comunicación que lo esperaban a las puertas de la Ciudad de la Justicia de València, donde este martes está programada su declaración en relación con el caso Erial. Este proceso investiga el presunto cobro de más de 10 millones de euros en comisiones derivadas de concesiones de ITV y parques eólicos en la Comunidad Valenciana.
Al llegar, una persona que esperaba en la cola para pasar el control de seguridad en la Ciudad de la Justicia de València le reprochó al exministro por no respetar su turno. «Yo llevo aquí desde las 9:30 de la mañana», le espetó. Otra persona, sosteniendo una pancarta, coreaba cada vez que uno de los acusados ingresaba a los juzgados:
¿Dónde está el dinero de los valencianos?
Ante la pregunta sobre si le preocupaban los posibles acuerdos alcanzados por algunos acusados con la Fiscalía, Zaplana respondió: «El juicio es muy largo».
El expresidente se enfrenta a una pena, según lo solicitado por el ministerio fiscal, de 19 años de prisión por delitos que incluyen organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, falsificación de documentos oficiales y mercantiles, y prevaricación administrativa en el caso conocido como Erial. Además, se le exige una multa de 40 millones de euros, junto con otras dos multas adicionales que ascienden a 72.000 y 36.000 euros respectivamente.
El fiscal anticorrupción estima en 20.606.364 euros el total del dinero obtenido de manera delictiva mediante operaciones de corrupción por parte de Zaplana y su organización.
Este grupo, acusado de operar a través de sociedades extranjeras, se creó con el propósito de recibir sobornos por contratos predeterminados y para ocultar el origen ilícito de los bienes, facilitando su transformación e integración en el circuito económico, según consta en la acusación pública.
De esta cantidad, 6.734.026 euros fueron incautados en cuentas suizas. En total, el fiscal acusa a otras 14 personas además de Zaplana, directamente relacionadas con el expresidente y que le ayudaron en la operación.
Entre ellos, el exjefe de Gabinete de Zaplana, Juan Francisco García, enfrenta la mayor pena de prisión después del exministro, con una solicitud de 14 años de cárcel por blanqueo, cohecho y falsificación. La misma condena se solicita para los hermanos Vicente y José Cotino, adjudicatarios de los proyectos eólicos y de las ITV cuestionadas en el proceso. Juan Cotino, exconsejero y expresidente de las Cortes Valencianas, sobrino de los anteriores, también fue investigado en el caso hasta su fallecimiento.
Según indica el fiscal en su escrito, la venta de las participaciones de las empresas de las ITV y Parques Eólicos reportó a la empresa de los Cotino, en las diferentes sociedades controladas por los hermanos, más de 86,5 millones de euros, «lo que justifica el alto importe de las comisiones abonadas por las adjudicaciones».
Junto a Zaplana, el fiscal afirma que otras tres personas conformaban el núcleo central de la organización delictiva: Francisco Grau, a quien identifica como el «financiero» de la organización y encargado de gestionar los fondos, y Joaquín Miguel Barceló, el testaferro, quien aparecía como titular del dinero que luego se distribuía en sociedades de Luxemburgo, Panamá y cuentas de Andorra (donde se hallaron 9,8 millones de euros). Para ambos, el fiscal solicita ocho años de prisión y una multa de 20 millones de euros por los delitos de organización criminal y blanqueo, al igual que para la exsecretaria del expresidente, Mitsouko Henríquez.
Además de estos acusados, están los hermanos Elvira y Saturnino Suances, ella exdiputada del PP, señalados como administradores y encargados de recuperar el dinero de Andorra, para quienes se piden cinco años de prisión y una multa de ocho millones de euros. También se menciona al expresidente de la Generalitat José Luis Olivas, implicado en la adjudicación del plan eólico, para quien se reclaman seis años de cárcel.
Asimismo, hay una serie de empresarios y amigos que «colaboraron» en ocultar el origen delictivo del dinero y ayudaron a Zaplana en su uso personal. Entre ellos se encuentran Francisco Pérez López, Ángel Salas, Robert Edgar Bataouche, Pedro Romero y Carlos Gutiérrez, enfrentando el primero siete años de prisión y los demás cinco años de cárcel.
