La avalancha en la tramitación de ERTEs, las dificultades en algunos trámites con la administración y el inicio de la campaña de la renta, amenaza con "desbordar" el trabajo de los profesionales que gestionan las relaciones laborales del 70% de las empresas de la provincia
Los cambios legislativos diarios en el ámbito laboral generan «inseguridad jurídica» porque «es necesario tiempo para interpretarlos, valorar su impacto y ofrecer un asesoramiento especializado»
Las consecuencias en el mercado laboral del estado de alerta decretado por el coronavirus empiezan a tomar forma. En Castellón se han registrado casi 6.000 expedientes de ERTE, que afectan a más de 26.000 trabajadores en poco más de dos semanas. Los graduados sociales, responsables de asesorar al 70% de las empresas y pymes de la provincia, están desbordados. Reclaman cambios en la gestión con la administración y en los plazos para presentar declaraciones tributarias. La avalancha de nuevas normas y decretos ley diarios no ayudan y tampoco el inicio del periodo para formalizar la declaración de la Renta.
En Gipuzkoa y Álava, con hacienda foral propia, han retrasado la tramitación de algunos impuestos tres meses (patrimonio y Renta). «Es una medida que bien podía aplicarse en todas las autonomías», apunta la presidenta del Colegio de Graduados Sociales de Castellón, Amparo Mañez. Una reclamación que defienden también los miembros del Foro de Asociaciones y Colegios Profesionales Tributarios y que han reiterado en varias ocasiones ante el Gobierno. «Es fundamental que se aplacen las declaraciones trimestrales tributarias dado el cierre temporal de la mayoría de nuestros clientes y la situación de sobrecarga que estamos viviendo actualmente en nuestros despachos», explica. «Las pymes tienen muchas dificultades para conseguir las facturas y cerrar el trimestre, el IRPF, el IVA están ahí y hemos de velar porque la contabilidad sea real, ordenada y fiel, según la ley, pero si en estos momentos nos obligan a presentar el trimestre en estas condiciones de saturación y confinamiento, podemos encontrarnos con situaciones que sean todo menos reales y fieles, que después tendremos que arreglar, con la sobrecarga de trabajo adicional que supone para la administración y para los despachos», remarca Mañez.
Desde el Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) están haciendo todo lo posible para dar soluciones a los ERTE y facilitar la tramitación de las prestaciones de desempleo de las personas afectadas pero «nuestros profesionales han sido declarados como servicios esenciales, mientras que los funcionarios que deben concluir el trámite, no. Esto produce un cuello de botella que colapsa el sistema. Nosotros trabajamos el doble, pero hay menos de la mitad de funcionarios, por no hablar de las plataformas informáticas que se bloquean sin cesar», advierte la presidenta del Consejo Valenciano de Graduados Sociales, Carmen Pleite. Por ello, es necesario reforzar los medios telemáticos y los funcionarios públicos especializado de modo que se pueda agilizar todo el proceso. «Tenemos muchos frente abiertos al mismo tiempo y estamos desbordados pero no podemos permitirnos el lujo de ponernos enfermos porque en estos momentos las consecuencias serían gravísimas para el futuro de muchas personas, ya no solo empresas sino para trabajadores autónomos y empleados a los que muchas veces ponemos cara y también a sus familias», puntualiza Amparo Mañez.
Por último, desde el Colegio de Graduados Sociales de Castellón se hace especial hincapié en las consecuencias que está generando entre los despachos profesionales los continuos cambios en las normativas y legislaciones laborales a causa del estado de alarma sanitaria. «Es un goteo diario que cambia el marco en el que nos movemos por completo, es como si a alguien le estuvieran cambiando las reglas del juego cada día, al final somos nosotros los que tenemos que interpretar y valorar el efecto de esas normas para asesorar con criterio a nuestros clientes, en su mayoría pequeños y medianas empresas, reducir el daño y esa decisión conlleva una gran responsabilidad y vértigo, porque tenemos que hacer frente a momentos de inseguridad jurídica», sentencia la presidenta del Colegio de Graduados Sociales de Castellón.
