
Sánchez desautoriza a Marlaska y Moncloa rompe unilateralmente el contrato tras agotar la vía negociadora.
El Gobierno de España ha decidido rescindir de forma unilateral el contrato suscrito por el Ministerio del Interior para la adquisición de munición por un valor de 6,6 millones de euros a la empresa israelí Guardian Defense & Homeland Security S.A., filial del grupo internacional Guardian LTD Israel. La decisión, anunciada el 24 de abril de 2025, responde a las intensas negociaciones entre el PSOE y Sumar, socios de la coalición gubernamental, tras una crisis desatada por la formalización de este contrato, que «contravenía compromisos previos del Ejecutivo de no adquirir armamento a Israel en el contexto del conflicto en Gaza». Así lo han confirmado fuentes oficiales del Ejecutivo.
Detalles del contrato de munición con Israel
El contrato, que contemplaba la compra de 15,3 millones de balas de calibre 9 mm para abastecer a la Guardia Civil, fue licitado por la Jefatura de Asuntos Económicos de este cuerpo y formalizado durante la Semana Santa de 2025, según publica el Boletín Oficial del Estado (BOE). Sin embargo, «esta operación incumplía el compromiso anunciado por el Ministerio del Interior el 29 de octubre de 2024», cuando se informó que se iniciaba el proceso para cancelar dicha adquisición debido a la escalada bélica en Gaza. En aquel momento, el Gobierno, liderado por Pedro Sánchez, se comprometió a suspender la compraventa de armamento con Israel, en línea con su postura de no colaborar con actividades que pudieran relacionarse con el conflicto palestino-israelí.
La formalización del contrato generó una fuerte controversia dentro de la coalición. Sumar, liderado por la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz, denunció una “vulneración flagrante” de los acuerdos del Gobierno y exigió la “cancelación inmediata” del contrato, así como la comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para aclarar lo sucedido. Izquierda Unida (IU), integrante de Sumar, llegó a plantear la posibilidad de que la coalición abandonara el Ejecutivo si no se revertía la decisión, calificándola como “la mayor crisis de Gobierno” desde la formación de la coalición en 2023. Antonio Maíllo, coordinador federal de IU, acusó al PSOE de actuar de forma unilateral, mientras que Enrique Santiago, portavoz de IU en el Congreso, afirmó que existían “innumerables argumentos jurídicos” para declarar el contrato nulo.
Justificaciones y posibles complicaciones legales por rescindir el contrato España – Israel
El Ministerio del Interior justificó inicialmente la continuidad del contrato basándose en un informe de la Abogacía del Estado, que desaconsejaba su rescisión debido a las complicaciones administrativas y legales derivadas de lo avanzado del procedimiento. Según fuentes del departamento, «cancelar el contrato podría haber obligado al Gobierno a pagar una indemnización de más de 6,6 millones de euros sin recibir el material», lo que representaba un riesgo financiero significativo. No obstante, la presión de Sumar y la intervención directa de Moncloa, bajo las instrucciones del presidente Pedro Sánchez, han llevado al Ejecutivo a buscar una solución para anular el contrato, asumiendo los posibles costes administrativos.
Fuentes oficiales del Gobierno han indicado que Moncloa ha tomado las riendas del procedimiento para “encontrar una solución que pueda salvar la situación administrativa”. Esta decisión busca calmar las tensiones en la coalición y reafirmar el compromiso del Ejecutivo con su política exterior, que incluye la condena de las acciones militares israelíes en Gaza y el apoyo a un embargo de armas al Estado de Israel, como han exigido organizaciones como la Red de Solidaridad contra la Ocupación de Palestina (RESCOP).
Críticas internas
La rescisión del contrato también responde a las críticas de figuras como Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia y miembro de IU, quien calificó de “inaceptable” destinar fondos públicos a la compra de armamento israelí, exigiendo además una auditoría completa de las relaciones comerciales con Israel. Por su parte, la ministra portavoz, Pilar Alegría, ha reiterado el compromiso del Gobierno de no realizar operaciones de compraventa de armamento con Israel desde el 7 de octubre de 2023, aunque fuentes del Ministerio del Interior han aclarado que dicho compromiso no está respaldado por un documento jurídico vinculante, lo que complicó inicialmente la anulación del contrato.
Este episodio ha puesto de manifiesto las fricciones internas en el Gobierno de coalición, especialmente en temas sensibles como la política de defensa y las relaciones internacionales. Mientras Sumar insiste en mantener la coherencia con los principios de derechos humanos, el PSOE ha tenido que maniobrar para evitar una ruptura que podría debilitar aún más su posición en un contexto político ya tensionado por otras negociaciones, como las relacionadas con los Presupuestos Generales del Estado.
Por su parte, Yolanda Díaz ha rechazado tajantemente cualquier indicio de crisis dentro del Gobierno de coalición, en respuesta a las afirmaciones del líder de IU, Antonio Maíllo, quien señaló que el contrato de armas con Israel había provocado «la mayor crisis de Gobierno» de la legislatura. Además, Maíllo había insinuado que su partido podría considerar abandonar el Consejo de Ministros. La vicepresidenta segunda, de Sumar, ha desmentido esa versión, asegurando que «no hay ninguna crisis en el Gobierno» y subrayando su alineación con el ala socialista del Ejecutivo. En este sentido, Díaz ha destacado que mantiene un contacto constante con el presidente Pedro Sánchez y con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
Pocos minutos después de estas declaraciones, Moncloa informó sobre la rescisión del polémico contrato.
El Gobierno ha anunciado que, en el futuro, excluirá a empresas israelíes de licitaciones mientras persista el conflicto en Gaza, y se espera que el Ministerio del Interior implemente medidas para garantizar el cumplimiento de esta directriz. La decisión final sobre la rescisión del contrato y sus implicaciones económicas aún está en proceso, pero marca un punto de inflexión en la gestión de las relaciones comerciales con Israel por parte del Ejecutivo español.
Fotografía portada: @Yolanda_Diaz_