La iniciativa del PP en el Ayuntamiento de Castellón suma a Ciudadanos y Castelló en Moviment y tiene por objetivo “la revalorización de la ciudad como destino a través de la innovación y la tecnología, porque en cuatro años de legislatura, en lugar de avanzar, hemos sufrido una involución, y encima nos ha costado 18.000 euros”, ha señalado Salomé Pradas.
El concejal Juan José Pérez Macián lamenta que la alcaldesa no haya respondido sobre la gestión de su gobierno, concretamente de su exconcejal investigado Antonio Lorenzo, respecto al oscurantismo que planea sobre la Sala de Emergencias, que ha costado más de 1 millón de euros y que no funciona.
El Grupo Municipal Popular ha conseguido sacar adelante, con el voto a favor de Ciudadanos y Castelló en Moviment, una iniciativa plenaria que llevará a la ciudad de Castellón a adherirse a la Red estatal de Destinos Turísticos Inteligentes y a la Red que lleva el mismo nombre y que opera en el ámbito autonómico.
La concejala Salomé Pradas, que ha defendido la propuesta, insiste: “la transformación de nuestra ciudad en un Destino Turístico Inteligente supondrá para Castellón la revalorización del destino a través de la innovación y la tecnología. Porque en cuatro años de legislatura, en lugar de avanzar, hemos sufrido una involución, y encima nos ha costado 18.000 euros”, explica.
Cabe recordar que el bipartito empezó su mandato con el sonado plagio del Plan Estratégico de Euskadi. “Una vez advertido el plagio por el PP se encomendó a la UJI, que elaboró un nuevo Plan, que está guardado en el cajón, no se está ejecutando, y que la nueva Gerente del patronato de Turismo lo califica como de carente de hoja de ruta”, señala Pradas.
Y añade: “Ante la inoperancia y dejadez de PSOE y Compromís en materia turística, es necesario apostar por nuevos modelos que tengan como base la innovación y la competitividad para desestacionalizar el turismo y relanzar la economía local”, añade Pradas.
Asimismo, también ha apoyado una iniciativa conjunta para dar un uso social a los locales públicos que hay en el barrio del Raval Universitario con el fin de darle un uso y ponerlos a disposición de los vecinos con fines sociales o para albergar servicios.
Falta de explicaciones
Por otro lado, el Grupo Municipal Popular ha pedido explicaciones a la alcaldesa, Amparo Marco, por la gestión de su gobierno y, en concreto del exconcejal investigado, Antonio Lorenzo, sobre la sombra de sospecha que planea sobre una Sala de Emergencias, cuya licitación carece de transparencia y que, pese haber contado con más de un millón de euros, deja de funcionar cada vez que llueve, obligando a los policías a tener que comunicarse vía whatsapp.
El portavoz popular adjunto, Juanjo Pérez Macián, esperaba que la alcaldesa diera las pertinentes respuestas que merece la ciudadanía en el marco de una comparecencia a petición propia de la alcaldesa sobre la presunta corrupción en el Ayuntamiento.
Sin embargo, la alcaldesa no ha respondido a la pregunta de por qué los servicios municipales que ella dirige se negaron a redactar los pliegos ni a informar las plicas de la Sala de Emergencias. Tampoco ha arrojado luz a por qué se encargó la valoración de las plicas a una empresa de venta de impresoras con domicilio social en San Lorenzo del Escorial. Ni por qué se adjudicó el contrato de la Sala de Emergencias a una empresa con domicilio social también en San Lorenzo del Escorial.
Y todavía más, “la alcaldesa ha perdido la oportunidad de explicar por qué tras haber pagado más de un millón de euros por la Sala de Emergencias, han licitado el software por valor de 700.000 euros, lo que evidencia que el proyecto estrella de este gobierno se ha estrellado. Era solo un decorado, un atrezzo”, ha manifestado Macián.
Ante los constantes intentos de querer vincular al Grupo Municipal Popular con casos de corrupción, Macián ha recordado que las dos comisiones de investigación que se han llevado a cabo en el Ayuntamiento de Castellón, “las dos terminaron como ya se sabía: sin nada que reprochar al PP y llevando a los instigadores a hacer el mayor de los ridículos”, señala.
Porque para los populares, la presunta corrupción en el Ayuntamiento tiene nombres y apellidos: el del ex vicealcalde, Enric Nomdedéu y de la ex vicealcaldesa, Ali Brancal, ambos imputados/investigados en el “Caso de los Sobres” al haber, presuntamente, utilizado el correo postal del Ayuntamiento para enviar papeletas electorales de su partido, Compromís, en las elecciones europeas de 2014; y el nombre del ex concejal de Seguridad, Antonio Lorenzo, imputado/investigado por el Juzgado de Instrucción Número 1, en relación a las presuntas irregularidades cometidas como subdelegado del Gobierno de Zapatero en Castellón.
Macián insiste: “No hay ningún concejal de la bancada popular investigado, mal que les pese a algunos, cosa que no puede decir ni Compromís ni el PSPV-PSOE”.
