El PP acusa al Gobierno Municipal de estar del lado de los «okupas»

Carrasco: “Esperábamos que gobierno demostrara que está con los propietarios y no con los okupas”

• Para la portavoz del PP en el Consistorio, Begoña Carrasco, el rechazo a la moción del PP, que proponía la elaboración de un Plan integral de lucha contra la ocupación ilegal de viviendas, no se entiende. “Se lo van a tener que explicar a los castellonenses que sufren el problema de la okupación ilegal en el Raval Universitari, en la calle Dean Martí, en la calle Borriol o en la Marjalería, porque es una práctica que va en aumento en la ciudad y el Consistorio puede y debe actuar”, señala.

• El año pasado el 77% del presupuesto para vivienda se quedó sin desembolsar, más de 2,4 millones de euros recaudados pero no devueltos en mejores servicios. “¿De verdad no les alcanza el dinero para poner en marcha un Plan antiokupación que ya funciona en otros Ayuntamientos como el de Madrid?, se pregunta Carrasco que, a su vez, lamenta que PSOE, Compromís y Podemos hayan quedado retratados con su voto.

La portavoz del Partido Popular en el Consistorio de Castellón, Begoña Carrasco, ha lamentado que el equipo de gobierno haya votado en contra de la moción que proponía la creación de un Plan antiocupación ilegal de viviendas y una oficina  con personal específico para dar información a la ciudadanía y respuesta jurídica a propietarios individuales o a las comunidades de vecinos sobre las preguntas frecuentes derivadas de la ocupación ilegal de viviendas. “Esperábamos que el gobierno municipal demostrara que está con los propietarios y no con quienes ocupan ilegalmente viviendas en nuestra ciudad”, ha explicado.

Los Populares proponían asimismo la firma de un convenio de colaboración con el Ilustre Colegio de Abogados de Castellón, a fin de que el Consistorio se implicara económicamente en la prestación de servicios de asesoramiento legal, que tampoco ha sido respaldado.

“No se entiende su negativa y se lo tendrán que explicar a los castellonenses que sufren el problema de la okupación ilegal en el Raval Universitario, en la calle Dean Martí, en la calle Borriol o en Marjalería, con los problemas derivados que supone de comportamientos incívicos, peleas o amenazas. Es una práctica que va en aumento en la ciudad y contra la que el Consistorio puede y debe actuar. La semana pasada se producía un homicidio frente a un edificio okupado de la calle Marqués de Salamanca, un okupa mató a golpes a otro. Esto está pasando en Castellón mientras la alcaldesa no hace nada”, apunta Carrasco.

Cada mes se estima que hay una media de 10 ocupaciones ilegales en la provincia, frente a las seis mensuales de media del año 2016. La portavoz Popular asegura que son muchos los vecinos hartos de no poder tener una vida tranquila y segura como la que llevaban antaño.

En este sentido ha afeado al gobierno que el año pasado el 77% del presupuesto para vivienda se quedara sin desembolsar, más de 2,4 millones de euros recaudados pero no devueltos en mejores servicios. “¿De verdad no les alcanza el capital para poner en marcha el Plan antiocupación ilegal de viviendas que ya funciona en otros Ayuntamientos, como el de  Madrid?, ¿Y si no es una cuestión de dinero? ¿Es una cuestión de convicción política?”, se pregunta y lamenta que el equipo de gobierno haya quedado retratado.

Consejo Local de Seguridad

Carrasco ha vuelto a insistir en la necesidad de activar sin más tardanza, tal y como viene pidiendo el PP desde hace meses, el Consejo Local de Seguridad. Un órgano creado por el Partido Popular en julio de 2014 y que el gobierno municipal no ha convocado en 8 años, a pesar de que son los vecinos los que lo están pidiendo, sin ir más allá, una de las Federaciones vecinales en el Pleno de febrero.

“Ahora dan un paso para activarlo trayendo al Pleno una serie de modificaciones del reglamento original, bienvenidas sean si al final se consigue activarlo de una vez por todas, porque Castellón tiene un problema de inseguridad ciudadana, los datos del Ministerio del Interior certifican que en la ciudad la delincuencia ha subido un 26,2% en el ultimo año respecto al anterior”, ha matizado la portavoz Popular.

“La inseguridad ciudadana es un problema verdadero,recordar  que se han producido dos homicidios en lo que va de año, uno en el Grao y otro frente a un edificio okupado de la calle Marqués de Salamanca. Encima, son noticia los robos, peleas, agresiones sexuales, ocupaciones ilegales de viviendas y la preocupación está en la calle”, recuerda.

Y añade: “Reiteramos la necesidad de convocar el Consejo Local de Seguridad, un órgano que debe servir como herramienta ágil, pero sobre todo útil. Ha de ser el foro en el que los castellonenses puedan expresar de forma directa sus inquietudes, hacer sus propuestas y conocer de primera mano las medidas con las que van a contar para proteger sus intereses y avalar su seguridad”.

Por último, Carrasco ha vuelto a pedir la cobertura de las plazas de agentes de la Policía Local que ahora mismo están vacantes, “porque más plantilla permitirá avalar un número mínimo de agentes a pie de calle, que es donde necesitan los vecinos a los agentes de nuestra Policía Local”, concluye.

Plusvalía

El concejal del Partido Popular Juan Carlos Redondo ha manifestado que el Consistorio  debe adaptar la ordenanza reguladora del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos, la Plusvalía, a la normativa actual.

Esta normativa actual no es otra que el RDL 26/2021 del pasado mes de noviembre, “una vez más, este gobierno legislando a golpe de Real Decreto, que se redactó como consecuencia de la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional que declaraba inconstitucional el cálculo de la base imponible del Impuesto”, ha señalado.

Y añade: “Este equipo de gobierno debe adaptarse a la nueva norma, aunque haya sido después de que se emitiera un Dictamen desfavorable del Tribunal Económico Administrativo Municipal, donde se recogía que  algunos apartados del plan original de modificación de la ordenanza fiscal no se ajustaban a la nueva legislación, sobre todo y el más importante es que no recogía las dos formas de cálculo de la base imponible y, por lo tanto, la posibilidad de selección de la más conveniente para el contribuyente”.

“Esperamos que esta ordenanza sirva para detener el goteo de sentencias condenatorias a este Consistorio emitidas por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, en las que se obliga a la devolución de los impuestos indebidamente cobrados, lo que supone un coste adicional puesto que todas las sentencias recogen una condena al pago de intereses”, concluye.