Los representantes del PP proponen que los ayuntamientos tengan la capacidad de imponer sanciones en casos de ultraje a España.
El Partido Popular (PP) ha presentado una propuesta de ley en el Senado, donde cuenta con mayoría absoluta, con el objetivo de endurecer las sanciones por ultrajes a España y la Casa Real, proponiendo sanciones administrativas además de las sanciones penales existentes.
Esta iniciativa es una de las primeras que el partido liderado por Alberto Núñez Feijóo ha registrado en el Senado desde que obtuvo su mayoría absoluta.
Aunque aún no se ha determinado la fecha para su debate en el Pleno, la amplia ventaja del PP en la Cámara Alta asegura que la propuesta se tramitará y se remitirá al Congreso para su posterior decisión.
La propuesta busca proteger y defender de manera legal los símbolos oficiales, como las banderas, escudos, himnos o estandartes, tanto a nivel nacional (España y la Corona) como a nivel autonómico (Comunidades y Ciudades Autónomas) y local (entidades locales) en todo el territorio nacional.
Para lograrlo, la ley contempla sanciones muy graves para actos de ultraje, la exhibición de símbolos partidistas y la exhibición de símbolos oficiales fuera de su ámbito territorial, a menos que sea por razones de cortesía, entre otros. Además, se considera grave la inacción o tolerancia ante estas infracciones, así como el incumplimiento de la restauración de los símbolos. La negligencia o el descuido se consideran infracciones leves.
ACTUALMENTE ESTÁ EN EL CÓDIGO PENAL
La infracción de ultraje a España, que actualmente está contemplada exclusivamente en el Código Penal y castigada con una multa de siete a doce meses, es un aspecto que el Partido Popular (PP) busca extender a la vía administrativa. El objetivo es abordar el «vacío normativo» existente en esta materia, según se expone en su propuesta.
En otras palabras, los representantes del PP liderados por Alberto Núñez Feijóo proponen que los ayuntamientos tengan la capacidad de imponer sanciones en casos de ultraje a España, siempre que sea de su competencia. Esta facultad también podría ser ejercida por el Consejo de Ministros o el Ministro de Política Territorial cuando corresponda.
Las sanciones previstas en esta ley abarcan desde amonestaciones para las infracciones menos graves hasta la publicación de la infracción en el boletín oficial y la pérdida de la indemnización por el cese en el cargo en el caso de infracciones graves. Para las faltas más graves, se contempla la imposibilidad de ocupar un cargo público durante un período de hasta cuatro años.
