El PSOE planifica el cierre de estos centros en la Ley Celaá y el PP presenta moción en Almassora para dar voz a la asociación Som com Tu y garantizar su libre elección
El Grupo Municipal del Partido Popular en Almassora elevará al próximo pleno de la corporación una moción que defiende el derecho de las familias con hijos con capacidades diferentes a elegir con libertad el colegio que consideren la mejor opción para sus hijos. La iniciativa se presenta después de que el Gobierno de España haya anunciado en el anteproyecto de Ley de Educación, la conocida como Ley Celaá, el cierre progresivo de los centros de Educación Especial en el plazo de 10 años.
La medida ha generado una controversia social a nivel nacional que en Almassora que ha provocado la unión de las familias y docentes afectados en una plataforma. “Creemos que debe ser escuchada y atendida, porque son las familias las que deben decidir el centro al que deben acudir sus hijos, tanto si apuestan por un colegio ordinario como uno de Educación Especial. Nunca un Gobierno intervencionista, que en lugar de garantizar la libertad impone su criterio”.
En la localidad, tal y como ha explicado la portavoz del PP, María Tormo, hay una asociación “apolítica, plural y 100% inclusiva que es Som Com Tu. A ellos nos hemos dirigido para conocer su opinión y atender sus reivindicaciones, porque en Almassora tenemos vecinos que aprovechan la excelencia y atención personalizada que prestan los colegios de Educación Especial y creemos que el PSOE debe garantizar la continuidad de este servicio educativo”.
Por este motivo, “confiamos en que esta iniciativa que presentamos en forma de moción al pleno y que respalda el manifiesto de familias y docentes, agrupadas en la plataforma Inclusiva SÍ, Especial TAMBIÉN, reciba el apoyo de toda la corporación”.
Tal y como ha indicado la portavoz del PP, “si se adoptan medidas contrarias a un colectivo, es justo que se escuche a los afectados”. Por este motivo, si el PSOE se ha propuesto acabar con los colegios de Educación Especial “debería antes escuchar a las familias y a los docentes directamente afectados. A los profesionales y expertos. Porque si es injusto aprovechar un estado de alarma para silenciarlos, todavía lo es más negarles un derecho fundamental como es el de decidir en libertad la mejor educación para sus hijos”.
