El concejal del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Castellón Vicent Sales, miembro de la comisión de investigación no permanente que analiza el procedimiento que se siguió en las contrataciones y puesta en funcionamiento de la Sala de Emergencias de la Policía Local de Castellón, ha recordado que “si el 17 de abril de 2017 se dio la conformidad a la recepción del lote 4, relativo a las videocámaras, por qué los días 21 y 28 de noviembre de 2017 se procedió a la formalización de dos contratos menores a dedo para sustituir, precisamente, las cámaras, que además el equipo de gobierno calificó como analógicas después del asalto”.
“Queremos saber qué infraestructura recepcionaron desde el equipo de gobierno en abril de 2017, porque el documento, oficial y firmado, especifica claramente que el Lote 4 incluía 21 cámaras de videovigilancia, y eso abarcaba tanto las del exterior como las del interior del edificio del Ayuntamiento de Castellón, un sistema que también incluía la fibra óptica”, ha remarcado Sales.
El concejal del Grupo Municipal Popular Vicent Sales, que forma parte de la comisión de investigación no permanente que analiza el procedimiento que se siguió en las contrataciones y puesta en funcionamiento de la Sala de Emergencias de la Policía Local de Castellón, ha pedido al equipo de gobierno de Amparo Marco que “aclare” los motivos por los que el consistorio “pagó más de 36.600 euros por un sistema de videovigilancia que, en teoría, ya había recepcionado siete meses antes”.
El edil Popular ha recordado que “si el 17 de abril de 2017 el Intendente Jefe de la Policía Local, José Luis Carque, y el representante de la firma Eurocop firmaron el acta de entrega del Lote 4, dando conformidad a la recepción e instalación del material, por qué los días 21 y 28 de noviembre de 2017 se procedió a la formalización de dos contratos menores a dedo para sustituir las cámaras, que el equipo de gobierno calificó como analógicas después del asalto a la azotea del Palacio Municipal del consistorio, ocurrido el 30 de septiembre”.
En concreto, se trata de un contrato por el suministro e instalación de un Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI) para la Policía Local y diversos elementos de hardware y software por un importe global de 22.940 euros, además de otro contrato en concepto de ‘instalación de in sistema de circuito cerrado de televisión con cámaras, tanto de videovigilancia como sistema de alarmas, del edificio noble del Ayuntamiento de Castellón por valor de 13.676 euros.
“A tenor de estos datos, queremos saber qué infraestructura recepcionaron desde el equipo de gobierno en abril de 2017, porque el documento, oficial y firmado, especifica claramente que el Lote 4 incluía el suministro y colocación de 21 cámaras de videovigilancia, y eso abarcaba tanto las del exterior como las del interior del Ayuntamiento de Castellón, un sistema que también incluía la fibra óptica”, ha remarcado Sales, que ha expresado sus dudas en relación al hecho de que “tras al asalto a la azotea, el propio 2º Teniente de Alcalde de entonces, Antonio Lorenzo, afirmara en prensa que se trataba de cámaras obsoletas y viejas, por lo que simplemente se había desconectado el cable de conexión que permitía la grabación en un dispositivo central”.
“¿Cómo es posible entonces que meses antes, en abril, se firmara como recepcionado y en servicio algo que no se había instalado”, se ha preguntado Sales, que ha pedido al equipo de gobierno de Amparo Marco que “explique con detalle todo el procedimiento que se siguió en la contratación e instalación de todos estos elementos de hardware y software que deberían haber servido para mejorar la seguridad en la ciudad y poner en servicio una Sala de Emergencias que sigue sin funcionar ni cumplir el objeto del contrato, pese a que ha supuesto un desembolso global de cerca de 1,5 millones de euros, que han salido de los impuestos de todos los castellonenses”.
