El PP organizó este viernes por tarde en el Real Casino Antiguo de Castellón una charla -coloquio a la que asistieron alrededor de cien personas.
El Partido Popular de Castellón con esta iniciativa ha querido mostrar a la ciudadanía castellonense su Plan de medidas contra la ‘okupación’ ilegal de viviendas por el hecho de que “nunca un delito puede generar un derecho”, defienden .
Los ponetes fueron los miembros del Senado y juristas Salomé Pradas y Fernando de Rosa, quien en su extenso currículum resalta por haber ostentado, entre otros muchos altos cargos, la vicepresidencia del Consejo General del Poder Judicial. La presidenta del PP de la ciudad de Castellón, Begoña Carrasco, ejercitó de moderadora recordando,
La okupación ilegal de viviendas es un inconveniente de primera magnitud en la ciudad de Castellón. En lo que va de año las demandas en la provincia de Castellón por este delito ya duplican a las de todo el año dos mil veintiuno y no es solo un inconveniente de los dueños y dueñas, sino más bien de los vecinos de una comunidad, como ocurre en el PAU Lledó, con mafias organizadas, o en el Raval Universitari, en la calle Dean Martí, la calle Borriol o Marqués de Salamanca.
Apunta.
Ante este inconveniente “que sostiene al gobierno municipal de brazos cruzados hemos propuesto acrecentar las plantillas de la Policía Local y de Policía Nacional y hemos pedido la puesta en marcha de una oficina ‘antiokupas’, como tiene el Consistorio de la capital de Madrid, lugar desde el que informar de los trámites jurídicos y acompañar a las personas afectadas». Ha explicado, Carrasco.
Y asimismo hemos comenzado una recogida de firmas en defensa de los derechos de los dueños y demás perjudicados para agilizar los procesos y que los desalojos sean en veinticuatro horas. Hay medidas que se pueden adoptar desde el campo municipal, como por ejemplo impedir a los ‘okupas’ censarse en residencias que no son de su propiedad.
Incide, la presidenta del PP de la ciudad de Castellón, Begoña Carrasco
La miembro del Senado por Castellón Salomé Pradas ha recordado que «las cifras del Ministerio del Interior hablan por sí mismas de la gravedad del problema. En los últimos 5 años la ‘okupación’ ilegal de viviendas se ha disparado un sesenta y tres por ciento en toda España; en la Comunidad Valenciana se ha aumentado un veintiséis por ciento ubicando a la autonomía en la tercera situación del ranking nacional con más casos, solo tras Catalunya y Madrid.» Conforme ha dicho Pradas, quien además ha subrayado,
No puede ocurrir que se tarde entre uno y 2 años para desocupar a los okupas, hoy por hoy tienen más derechos que los dueños. No podemos dejar que alguien que delinque, adquiera derechos. El derecho a la propiedad privada está reconocido en la Constitución y el Gobierno de Sánchez habría de estar resguardando este derecho y no lo hace. La última Ley que aprobó Mariano Rajoy ya antes de la petición de censura fue exactamente sobre okupación. Fue una primera fase para agilizar en los procesos judiciales el desalojo de los ‘okupas’, y desde ese momento no se ha hecho nada más.
Ha lamentado, Pradas.
Fernando de Rosa ha insistido,
Nunca un delito puede generar un derecho que le da una ventaja sobre los demás, como pasa con la okupación ilegal de viviendas. Cada media hora se genera una okupación en España, es la estadística más dura. En este país hay un inconveniente de transgresión de derechos. Tenemos que pasar del problema a las soluciones, el PP ha redactado una proposición de ley para que la ciudadanía tenga claro lo que va a hacer el PP cuando gobierne Alberto Núñez Feijóo.
De la Rosa, agrega,
El problema de la okupación ilegal es un inconveniente delictivo, no social. Un problema social ha de tratarse con los mecanismos que tienen habilitados los Consistorios, a través del cobro de impuestos, a fin de que se cumpla el fin social de asistir a las personas más vulnerables, mas en ningún caso una propiedad privada de un particular puede ser usada por la administración para solucionar su ineficacia.
Ha concluido.
Las soluciones al inconveniente de la ‘okupación ilegal que plantea el PP son:
1. – Desalojo de los ‘okupas’ en el plazo máximo de veinticuatro horas desde el requerimiento.
2. – Desalojo inmediato en el caso de flagrante delito.
3. – Fortalecer las penas por delito de usurpación con hasta tres años de prisión.
4. – Progresar en la protección jurídica ante la actuación de las mafias.
5. – Estimar nula la inscripción de un ‘okupa’ ilegal en el padrón municipal.
6. – Prohibir que un inmueble ‘okupado’ tenga la consideración de morada o domicilio.
7. – Legitimar a las comunidades de dueños a fin de que puedan denunciar.
