• La concejala del Partido Popular en el Ayuntamiento de Castellón María España recuerda que el colectivo de celadores de grupo escolar llegó a un acuerdo con el Ayuntamiento para el aumento de la productividad que sigue sin materializarse. “La huelga de brazos caídos emprendida por los celadores escolares acaba afectando a los trabajos de mantenimiento tan necesarios en los colegios, ahora más que nunca en pandemia”, recuerda.
“La alcaldesa Amparo Marco mira hacia otro lado, de manera que algunas actuaciones que eran urgentes y no podían esperar han tenido que ser realizadas por los propios directores y docentes. Urge solucionar un problema que no sólo afecta a los celadores que tienen el legítimo derecho a reclamar lo que les corresponde, sino a todo el personal de los colegios, al alumnado y a toda la comunidad educativa”, añade.
El Partido Popular en el Ayuntamiento de Castellón ha presentado una moción que se debatirá en el Pleno de este jueves para comprometer al equipo de gobierno a pagar el complemento de productividad que sigue adeudando a los celadores escolares. La concejala del PP María España recuerda que el colectivo de celadores de grupo escolar llegó a un acuerdo con el Ayuntamiento de Castellón para el aumento de la productividad, que sigue sin materializarse, “lo que ha provocado una huelga de brazos caídos por parte de estos trabajadores que acaba afectando a los trabajos de mantenimiento tan necesarios en los colegios, ahora más que nunca en pandemia”, dice.
España recuerda que en el mes de septiembre, con el inicio del curso escolar, ya elevó al Pleno un ruego a la alcaldesa Amparo Marco, que ha reiterado desde entonces en cada sesión plenaria, para que se atienda esta reivindicación. “La huelga se produce por la reclamación de 26’10 euros de productividad al mes. En noviembre nos dijeron que se iba a solucionar pero el 2021 ha acabado sin haber zanjado el problema, mientras la huelga sigue con los mismos problemas y con las mismas carencias en los centros educativos. Entre las labores de los celadores está la de conservación, mantenimiento y vigilancia, velar por la seguridad que requieren los colegios, además de aportar todo su conocimiento, experiencia y apoyo a la comunidad educativa, ayudando a ofrecer una educación y servicios de calidad a los alumnos y sus familias”, señala.
“La alcaldesa Amparo Marco mira hacia otro lado, de manera que algunas actuaciones que eran urgentes y no podían esperar han tenido que ser realizadas por los propios directores y docentes. Urge solucionar un problema que no sólo afecta a los celadores que tienen el legítimo derecho a reclamar lo que les corresponde, sino a todo el personal de los colegios, al alumnado y a toda la comunidad educativa”, denuncia María España.
La ciudad de Castellón cuenta actualmente con 45 celadores, profesionales que decidieron al inicio del curso 2021-2022 emprender medidas de presión por el incumplimiento por parte del equipo de gobierno del acuerdo firme y plasmado en su reglamento y su anexo. Y es que, en 2002, este colectivo llegó a un acuerdo con el Ayuntamiento, publicándose el 19 de marzo, del mismo año, en el BOP, el programa de aumento de productividad con el cual percibían el equivalente en pesetas a 180 euros por la realización de tareas básicas de mantenimiento diario y pequeñas reparaciones inmediatas que serían recompensadas de este modo.
En 2012, en plena crisis económica dejaron de percibir un 30% de este importe, empezando a recuperarlo en 2014 progresivamente pero, en la actualidad, llevan 5 años sin percibir ningún aumento, lo cual ha desencadenado en una situación de huelga, paralizando las tareas por las cuales percibían el complemento, cuando este solo supondría alrededor de 10.000 euros más en el año.
“Después de más de cuatro meses de curso y varias mesas técnicas y reuniones en las cuales celadores y sindicatos han intentado negociar con el equipo de gobierno de PSOE, Compromís y Podemos, negándose cualquier tipo de acuerdo para desbloquear la situación, nos encontramos en una situación realmente preocupante, que ha supuesto que los centros educativos no recuperan de manera inmediata los estándares de seguridad y funcionalidad necesarios, acumulando incidencias de mantenimiento sin resolver”, concluye María España.
