La portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Castellón, Begoña Carrasco, y la concejala del PP Susana Fabregat se han reunido con las presidentas de la Asociación de Vecinos Raval de la Trinitat, Inma Roig, y de la Asociación de Vecinos de la plaza Constitución, María Madueño para conocer su opinión sobre la reforma de la plaza de la Paz, que se ha propuesto llevar a cabo la alcaldesa Amparo Marco.
“Los vecinos temen que se produzca un nuevo estrangulamiento al centro, ya de por sí muy tocado, con cada vez más locales comerciales vacíos que agrava la sensación de abandono y acumulación de suciedad en los bajos trasladando una imagen degradada de la ciudad. Una obra que viene a amplificar el problema que los vecinos del centro vienen denunciando desde hace años”, explica la portavoz Popular.
“Si ayer en las visitas a los comercios de la zona ya nos trasladaron la falta de información y las dudas que genera un proyecto urbanístico que nos va a costar 834.000 euros en plena pandemia, sin que atienda a una demanda social, porque tampoco es fruto de la participación ciudadana, como tampoco lo es la reforma de la avenida de Lidón, hoy nos volvemos a encontrar con lo mismo, inquietud y desconcierto entre los vecinos por haber anunciado el gobierno de PSOE, Compromís y Podemos una reforma sin pedir opinión a nadie y sin ser informados de nada”.
En este sentido Carrasco denuncia que con la obra de la plaza de la Paz, “la alcaldesa Amparo Marco va a generar otro problema a los castellonenses, mientras sigue sin resolver el problema de la falta de luz que genera inseguridad ciudadana justo cuando en el último trimestre ha habido un repunte del 30% de la delincuencia, según certifica el Ministerio del Interior, y cuando sigue sin resolver el problema de la suciedad o siguen las deficiencias en muchos barrios sin ser atendidas, además de la cantidad de propuestas ciudadanas pendientes, que sí responden a demandas vecinales, que fueron aprobadas con cargo a los Presupuestos Participativos y siguen sin ver la luz, algunas desde la pasada legislatura”.
Cabe recordar que el Partido Popular ha iniciado una ruta a pie de calle para entrevistarse con todos los afectados por la reforma de la plaza la Paz. El proyecto anunciado por la propia alcaldesa incluye la desaparición de un carril, de los dos que ahora mismo hay, para acceder a la calle Mayor. Un malestar que se suma a las pocas ayudas por parte del gobierno municipal para revitalizar el centro, a la falta de iluminación y las denuncias por suciedad.
“Al gobernar de espaldas a la ciudadanía, el equipo de gobierno de PSOE, Compromís y Podemos no mide las consecuencias negativas que esta reforma va a comportar para la accesibilidad, puesto que elimina un carril, de los dos que hay ahora mismo, para acceder a la calle Mayor, ni tampoco las consecuencias negativas que implica para la supervivencia de muchos comercios y negocios de restauración que lo que necesitan son ayudas para atraer clientes, y no palos en la rueda como han hecho reactivando el sistema sancionador de las cámaras de acceso al centro, con un único fin recaudatorio, a razón de 80 euros cada multa. En los dos primeros meses de prueba este sistema supuso 16.400 multas y 3,2 millones de euros en sanciones, lo que provocó la espantada de los consumidores”, insiste Carrasco.
Por eso, “no entendemos cómo después del baño de realidad que se dio el gobierno de Amparo Marco la semana pasada al plantarse los vecinos contra de la reforma de la Avenida de Lidón, vuelven a anunciar un proyecto urbanístico de tal calibre, como es el de la plaza de la Paz, porque afecta a toda la ciudad, sin contar con los castellonenses”.
Carrasco concluye: “Estamos ante el gobierno más caro de la historia de la ciudad de Castellón, que recauda mucho en impuestos para acabar invirtiendo el dinero de todos en lo que los castellonenses no piden. Ni piden la reforma de la Avenida de Lidón de 3,3 millones de euros, ni piden la reforma de la plaza La Paz. Lo que sí piden es que se bajen los impuestos. El Partido Popular presentó un plan de rebaja fiscal que comportaba un ahorro en impuestos de 9,7 millones de euros a los castellonenses, que el tripartito rechazó, perdiendo la oportunidad de ser realmente útil a los castellonenses en plena pandemia”.
