Sales exige al gobierno municipal explicaciones sobre el ‘presunto fraude’ en la adjudicación de la Sala de Emergencias, “tendrán que romper su silencio en aras a la transparencia y a la verdad”
El concejal del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Castellón, Vicent Sales, insta a avanzar en la Comisión de Investigación sobre las adjudicaciones de la Sala de Emergencias de la Policía Local, “arrojando luz sobre las preguntas que han quedado en el aire tras desvelarse graves indicios de presunto fraude y malversación de dinero público, a causa de un flagrante incumplimiento del objeto del contrato, tal y como parece, según la documentación analizada hasta el momento”
“Esperamos respuestas razonables, transparentes y verídicas. Lo que no puede ser es que no hayan explicaciones hasta la fecha, ni que el gobierno de Amparo Marco se pronuncie al respecto de unos hechos que adquieren la categoría de escándalo público. La alcaldesa es la máxima responsable de que se recepcionaran unas obras valoradas en 900.000 euros no cumplen con los objetivos del informe de necesidad que motivaron la inversión en esta infraestructura fallida”, explica
El concejal del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Castellón y miembro de la comisión no permanente de la Sala de Emergencias de la Policía Local del Ayuntamiento de Castellón, Vicent Sales, exige al gobierno municipal de PSOE, Compromís y Unidas Podemos explicaciones sobre el ‘presunto fraude’ en la adjudicación de dicha sala. “En algún momento tendrán que romper su silencio en aras a la transparencia y a la verdad que merecen todos los castellonenses”. En este sentido, el edil popular insta a avanzar en la investigación, “arrojando luz sobre las preguntas que han quedado en el aire tras desvelarse graves indicios de presunto fraude y malversación de dinero público, a causa de un flagrante incumplimiento del objeto del contrato, tal y como parece ser, según la documentación analizada hasta el momento”.
“Esperamos respuestas razonables, transparentes y verídicas. Lo que no puede ser es que no haya explicaciones hasta la fecha, ni que el gobierno de Amparo Marco se pronuncie al respecto de unos hechos que adquieren la categoría de escándalo público. La alcaldesa es la máxima responsable de que se recepcionaran unas obras valoradas en 900.000 euros no cumplen con los objetivos del informe de necesidad que motivaron la inversión en esta infraestructura fallida, que en su totalidad suma una inversión total de un millón y medio de euros”, explica.
Cabe recordar que en la tercera sesión de la Comisión de Investigación, celebrada el pasado 17 de enero, los populares denunciaron la omisión de informes relevantes en el proceso de diseño y adjudicación de la citada infraestructura destinada a mejorar la seguridad de los castellonenses que, a día de hoy, no funciona como debería, obligando a los agentes de la Policía Local a recurrir al WhatsApp, por fallos en el sistema como ha pasado en episodios de fuertes lluvias.
“Seguimos esperando una respuesta a por qué y quién decidió externalizar la adjudicación del contrato, en lugar de encargarlo a los funcionarios del Ayuntamiento. Además, tratándose como se trata de un contrato menor, desconocemos por qué no constan las tres ofertas presentadas, tal y como se autoimpuso como norma el gobierno municipal. Y lo más importante de todo, con qué informe de solvencia técnica y económica se contaba para adjudicar a una empresa el encargo de redactar el pliego de prescripciones técnicas de la sala de la policía local de Castellón, una mercantil que después se ha demostrado que no ha registrado ninguna actividad, ni ha depositado sus cuentas desde su constitución, en el año 2005”, recuerda Sales.
Unos hechos, que de por sí, suscitan grandes sospechas entre los populares, además de conocerse que dicha empresa tiene su sede social en San Lorenzo del Escorial (Madrid), el mismo pueblo que la empresa que terminó siendo la adjudicataria del contrato de ejecución de la Sala de Emergencias de la Policía Local, y por tanto, receptora de los primeros 900.000 euros de los trabajos, que luego se ampliaron en otros 600.000 euros más.
El Grupo Municipal Popular, a lo largo de las tres sesiones de la investigación también han podido constatar que no se han cumplido ni las indicaciones establecidas en el propio informe de necesidad que motivó la ejecución de la sala. Es decir, “se han recibido unos trabajos que no han cumplido los objetivos fijados”, ha añadido Vicent Sales.
El citado informe de necesidad fija entre los objetivos la unificación en un solo recinto de las tres salas de control de la Policía Local, Bomberos y del Centro de Coordinación de Tráfico, y siguen estando separadas. El segundo objetivo era la interconexión de las cámaras de videovigilancia de la ciudad de las distintas salas en una sola, así como la interacción de las mismas desde un solo punto. Y garantizar la existencia de personal suficiente para atender el servicio por personal durante las 24 horas los 365 días del año. “A día de hoy, tampoco se han cumplido estos preceptos.
“Exigimos desde su inicio luz y taquígrafos en la Comisión de Investigación y esperamos que se cumpla. Confiamos en que se nos entregue la documentación solicitada así como que se nos responda a las cuestiones que desde ya resultan claves para comprender todo lo que ha ocurrido, y que no es otra cosa que los castellonenses han pagado más de un millón y medio de euros en una sala de emergencias que no funciona y que no presta servicio para la que se creó”, concluye el edil popular, Vicent Sales.
