Es complicado que alguien renuncie voluntariamente a 61.000 euros al año pero la continuidad del edil de las multas representa un riesgo muy elevado para la alcaldesa.
Cuando el refranero español sentencia “dime con quién andas y te diré quién eres” nos plantea la necesidad de preservar nuestra reputación prescindiendo de las compañías nocivas que nos rodean. Y al añadir aquello de “muerto el perro se acabó la rabia” nos marca con meridiana claridad la línea que conviene seguir para transitar por la senda correcta. Es algo que debe tener muy en cuenta la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, a la hora de afrontar el problema Ramírez, cuya única solución pasa por la retirada de competencias al infractor y su cese fulminante.
Estamos ante la primera gran crisis del nuevo equipo de gobierno del Partido Popular en la capital de la Plana, que estalló el pasado 31 de enero a raíz de la denuncia realizada en el pleno municipal por concejal socialista, Jorge Ribes, al advertir de que el edil de Movilidad y responsable de la Zona Azul, el popular Cristian Ramírez, acumulaba 134 multas de la ORA sin pagar. Un escándalo en toda regla cuya solución solo puede pasar por la salida del Ayuntamiento de tan poco ejemplar concejal.
Un edil que muestra su intención de ‘matar al mensajero’ denunciando a Jorge Ribes por vulneración de secretos, pidiéndole hasta cuatro años de prisión. ¿Se podría entender que Ramírez se está protegiendo para evitar que salgan a la luz otros asuntos [en el caso de que los hubiere]? (Es evidente que a nadie le gusta verse en juzgado).
Escaramuzas al margen, la veracidad de los hechos denunciados por el concejal socialista se confirma con el paso de los días. El pasado miércoles 7 de febrero fue la propia alcaldesa la que de forma categórica nos regaló a cinco columnas este aparatoso titular: “Ni puedo, ni debo, ni quiero justificar la conducta del edil Ramírez”. Y luego, con su denuncia, ha sido el propio infractor quien lo ha hecho, porque no denuncia por falsedades, sino por vulneración de secretos.
De Ramírez sorprende todo, hasta las explicaciones que dio el pasado viernes 9 de febrero en el pleno extraordinario en el que se vio obligado a comparecer. El buen señor minimizó lo de sus muchas multas impagadas equiparando esta situación al lanzamiento de colillas a la vía pública o a que a alguien se le pase la fecha de renovación y conduzca con la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) caducada. ¿Le parece poco grave a todo un concejal del Ayuntamiento de Castelló la nada sostenible marranada de tirar colillas al suelo o la temeridad conducir sin haber pasado en tiempo y forma la ITV?
Lo de Ramírez es sorprendente, pero lo del equipo de alcaldía de Begoña Carrasco resulta incomprensible: ¿este señor fue por libre al pleno extraordinario, nadie supervisó su disparatado argumentario antes de que lo expusiera en público?
Considero que la caída de Cristian Ramírez es cuestión de tiempo porque su presencia en el consistorio es una “bomba de relojería” que en cualquier momento le puede estallar a la propia alcaldesa. Aunque entiendo que habrá de emplearse a fondo porque es complicado que alguien renuncie de forma voluntaria al cobro de 61.000 euros al año.
Rafa García. Periodista
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