El Gobierno ha conseguido finalizar la tramitación administrativa de los tramos pendientes de la autovía del interior A-7 Se trata de un proyecto que se incluyó en el Protocolo de Carreteras suscrito en 2005 por el Gobierno de España y la Generalitat, que ha sido víctima de la mala gestión y los obstáculos que...
El Gobierno ha conseguido finalizar la tramitación administrativa de los tramos pendientes de la autovía del interior A-7
Se trata de un proyecto que se incluyó en el Protocolo de Carreteras suscrito en 2005 por el Gobierno de España y la Generalitat, que ha sido víctima de la mala gestión y los obstáculos que se pusieron primero desde la Generalitat en la época de Camps, y después desde el Gobierno de España en los tiempos de Rajoy.
El portavoz de Infraestructuras del PSPV-PSOE en la Ejecutiva Provincial y portavoz del Grupo Socialista en la Diputación, Santi Pérez, ha manifestado que la noticia de la <<aprobación del expediente de información pública y definitivamente de los documentos técnicos>> de los tres tramos pendientes de la autovía A-7, así como el estudio de impacto ambiental, “supone una muy buena noticia” para la provincia de Castellón, porque de esta manera “se pone fin a la vía administrativa”.
La tres tramos suman un total de 45 kilómetros y el presupuesto base de licitación es de 329,8 millones de euros, IVA incluido. Los tramos son Vilanova d’Alcolea – Les Coves de Vinromà, Les Coves de Vinaromà – La Salzadella y La Salzadella – Traiguera.
El estudio de impacto ambiental tiene en cuenta en otras prescripciones las realizadas por las Dirección General de Biodiversidad y Calidad Ambiental del Ministerio de Transición Ecológica y los criterios de la Confederación Hidrográfica del Júcar sobre aguas superficiales y flujos subterráneos.
Santi Pérez explica que esta noticia “es una prueba más de lo beneficioso que ha sido para la provincia de Castellón el Gobierno de 8 meses del presidente Sánchez, un breve periodo en el que ha agilizado un proyecto que nació en 2005 con el Protocolo de Carreteras que suscribieron el Gobierno de España y la Generalitat Valenciana, y que ha padecido una “tortuosa tramitación por la mala gestión y las piedras en el camino que han ido poniendo los distintos gobiernos del PP, primero la Generalitat Valenciana en la época de Camps, y después el Gobierno de España con los recortes y el consiguiente parón ordenados por Rajoy”.
