El PSPV solicita a Carrasco copia de la notificación de la empresa que gestiona la zona azul al área de recaudación con las 136 multas impagadas por Cristian Ramírez
El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Castelló ha exigido a la alcaldesa, Begoña Carrasco, que se entregue una copia de la notificación que la empresa gestora de la zona azul remitió al Servicio de Recaudación municipal, en relación con las 136 multas impuestas al vehículo utilizado por el concejal de Movilidad, Cristian Ramírez. Estas sanciones corresponden al impago inicial de un total de 170 multas registradas con boletín de denuncia en el parabrisas del coche del edil del Partido Popular.
La portavoz socialista, Patricia Puerta, explicó durante la comisión de estudio de impulso económico, empleo y capital humano del consistorio, celebrada este lunes y en la que participó junto a la concejala socialista Mary Carmen Ribera, que “la ciudadanía tiene que saber todos los detalles de uno de los mayores escándalos que se recuerdan en este ayuntamiento. Ya estamos comprobando la intención de la señora Carrasco y del portavoz de la mentira, Vicent Sales, de taparlo, por lo que nos preguntamos qué tendrá que esconder Ramírez para que siga en su puesto”.
Un escándalo que persigue a la alcaldesa
Puerta ha señalado que “a Carrasco le va a perseguir todo el mandato esta absoluta vergüenza si sigue protegiendo a Cristian Ramírez, sobre todo tras conocerse que la Brigada Provincial de la Policía Judicial de la Policía Nacional, en un informe, ha confirmado lo que llevamos denunciando durante este año desde el Partido Socialista: que Ramírez recibió nada menos que 170 multas por aparcar de forma irregular en zona azul, de las que solo pagó en la máquina expendedora -y por medios no aclarados- 34 de ese total”.
La gravedad de la situación, según los socialistas, se acrecenta con el hecho de que la empresa responsable de la gestión de la O.R.A. remitió al Ayuntamiento de Castelló un total de 136 multas impagadas, “hecho que parece que a Carrasco y a Sales les parece del todo edificante, pero que solo es una burla a todos los vecinos y vecinas que sí pagan las sanciones por aparcar mal o a los que se les embarga la nómina si no lo hacen”.
De estas 136 multas, el informe policial señala que 105 tuvieron que ser archivadas por prescripción, ya que no pudieron notificarse en el plazo legal debido a que el vehículo en cuestión era de alquiler. Aunque Cristian Ramírez era el usuario del coche, el propietario registrado era un banco. Las restantes 31 sanciones fueron abonadas, algunas por el propio concejal del PP y otras por el banco propietario del vehículo.
Archivo de la Fiscalía, pero no del caso
A pesar de estos datos, la Fiscalía Provincial ha decidido archivar la causa, según la portavoz socialista, “no porque no existan las infracciones, que sí son reales como ha demostrado la Policía Nacional, sino porque no ha podido constatar que Cristian Ramírez haya podido influir en la anulación o revocación de alguna sanción”.
Por esta razón, Patricia Puerta ha asegurado que desde el Grupo Socialista continuarán investigando: “Creemos que hay todavía muchas cuestiones que investigar, ya anunciamos que vamos a estudiar todas las vías judiciales que nos quedan para seguir denunciando estos graves hechos que quieren tapar tanto la alcaldesa que se burla de esta lamentable realidad como el portavoz que hace de la mentira su forma habitual de actuar”. Concluye.
