El secretario general provincial, Samuel Falomir, afirma su total voluntad de trabajar en favor de las energías renovables, pero “no a cualquier precio” y se posiciona al lado de los municipios afectados para paralizar la planta fotovoltaica.
El PSPV de Castellón se opone al proyecto de la planta fotovoltaica MAGDA debido a las consecuencias que puede tener en los municipios donde está prevista su instalación. Esta decisión fue tomada por unanimidad en una reunión convocada por la ejecutiva provincial junto con los representantes socialistas de los municipios afectados.
El secretario general, Samuel Falomir, ha reiterado que «como se refleja en la declaración institucional aprobada en la Diputación de Castellón, rechazamos su puesta en marcha, a pesar de la declaración ambiental favorable, porque,
Supone un impacto incompatible con la preservación del territorio y de la actividad agrícola castellonense.
Según el líder socialista, su implementación tendría un impacto negativo significativo en un gran número de personas que dependen del sector.
Magda va en contra de la economía del interior.
El PSPV de Castelló, liderado por Samuel Falomir, ha expresado su compromiso con el uso de energías renovables sostenibles para las familias de Castelló. Sin embargo, Falomir enfatiza que esto debe hacerse de acuerdo con las necesidades y deseos de los residentes y de manera respetuosa con el medio ambiente y la planificación territorial. Además, el PSPV está a lado de los ayuntamientos afectados y apoya a la Generalitat en su lucha contra el proyecto MAGDA.
La ejecutiva provincial, junto con los representantes socialistas de los municipios afectados, han acordado unánimemente su oposición al proyecto MAGDA debido a las posibles afectaciones en las comunidades locales.
Finalmente, Falomir ha resaltado la importancia de la voz de los representantes socialistas de los municipios y de los residentes en la lucha contra el proyecto MAGDA. Los socialistas trabajarán para que el Gobierno de España reconsidere su postura y tome en cuenta las reivindicaciones de los residentes y los ayuntamientos, siempre en un ambiente de consenso y diálogo.
