La Diputación, que recauda a 128 ayuntamientos el IBI y el IAE, se niega a adelantar el 75% de las recaudaciones, un derecho ejercido por los consistorios durante muchos años
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Salvador Aguilella, diputado provincial del PP, tilda de ridículo “limitar el adelanto a 5 millones” cuando los ayuntamientos están reclamando más del doble de la cantidad
Varios ayuntamientos de la provincia de Castellón y el Grupo Popular en la Diputación han solicitado al PSPV el adelanto del 75% de la recaudación que la Diputación realiza de los impuestos de Bienes Inmuebles y sobre Actividades Económicas. Un derecho contemplado en el artículo 149.2 de Ley Reguladora de las Haciendas Locales y la base 50 de la ejecución del presupuesto de la Diputación.
Salvador Aguilella, diputado provincial del PP, ha explicado que “nuestra propuesta permitiría tener la liquidez necesaria a los ayuntamientos ante los nuevos gastos sociales que deben hacer en estos momentos. La sorpresa ha sido comprobar que desde la Diputación se ha limitado el adelanto a solo 5 millones, impidiendo que todos los consistorios de la provincia tengan derecho a recibir liquidez”.
El rechazo del PSPV a garantizar una inyección económica a todos los ayuntamientos ha provocado un gran malestar entre las localidades que han formulado su solicitud, como es el caso de l’Alcora (400.000 euros), Nules (2,1 millones), Onda (7 millones), la Serra d’en Galceran (116.000 €), Vall d’Alba (490.000 €), Vall de Almonacid (45.000 €) o La Vilavella (464.000 €), entre otros.
Salvador Aguilella, ha recordado que “durante los últimos años la Diputación había adelantado todo el dinero que les habían solicitado los ayuntamientos o bien con fondos propios, como ha ocurrido en los últimos años, o bien a través de la concertación de una operación de tesorería por parte de la administración provincial”.
En este sentido, el PP presentó el pasado 16 de marzo un plan de choque social y fiscal para implementar medidas de utilidad para las familias de la provincia. “Sin embargo, nos hemos encontrado con la cerrazón de un PSPV que se niega a debatir la propuesta a pesar de tener un remanente de tesorería de más de 50 millones de euros”. El resultado se traduce en medidas “como esta, que podrían ser de gran utilidad pero que, sin embargo, el PSPV la limita a una ayuda exigua en un momento dramático en el que los ayuntamientos reclaman solvencia”.
