El presidente de AERTE, José María Toro, ha declarado que está a la espera de una reunión con la vicepresidenta y consellera de Igualdad, Aitana Mas.
La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (AERTE) ha presentado una queja al Síndic de Greuges por «el bloqueo» producido en el sistema de atención a salud mental y dependencia tras la entrada en vigor del Decreto 102/2022 en agosto pasado, según ha informado la patronal valenciana en un comunicado.
La queja ha sido admitida a trámite por el Síndic de Greuges y ahora la Consellería de Igualdad tiene un mes para dar explicaciones sobre cómo afecta este decreto a las personas que necesitan atención específica en salud mental.
El presidente de AERTE, José María Toro, ha declarado que está a la espera de una reunión con la vicepresidenta y consellera de Igualdad, Aitana Mas, después de la concentración que tuvo lugar el 16 de febrero, a la que «asistieron más de 500 personas, incluyendo profesionales, usuarios, asociaciones de familiares y entidades, en protesta por esta situación».
Toro, ha recordado que en la concentración del 16 de febrero pidieron una reunión con la vicepresidenta y consellera de Igualdad, Aitana Mas, ya que consideran que es «la persona que puede desbloquear esta situación» respecto al sistema de atención a salud mental y dependencia tras la entrada en vigor del Decreto 102/2022 en agosto pasado. Además, ha lamentado que parece que la Conselleria quiere acabar con las viviendas supervisadas, a pesar del «extraordinario resultado» que han dado para apoyar los procesos de rehabilitación de las personas.
El presidente de AERTE ha advertido,
Si no consiguen avances, tendrán que seguir concentrándose para llamar la atención sobre esta situación.
LIMITACIONES EN EL IMPORTE
AERTE asegura que el Decreto 102/2022 «limita» el importe que reciben las personas que se incorporan al sistema para ser atendidas en una vivienda supervisada de atención a salud mental, ya que hasta agosto se cubría el coste de la plaza en su totalidad (2.300 euros mensuales), mientras que ahora solo se concede una tercera parte (máximo de 715 euros), lo que impide a muchas personas ser atendidas por falta de recursos económicos y dificulta la transición en el proceso de rehabilitación.
Además, el decreto también «limita» la ayuda de la plaza privada a través de la prestación vinculada de garantía, que queda por debajo del precio de muchas plazas de centros, lo que impide a muchas personas acceder a residencias o viviendas tuteladas cercanas a su domicilio y les coarta su capacidad de elección. También impide que las personas puedan acceder a servicios adicionales o habitaciones individuales, ya que la prestación vinculada de garantía prohíbe pagar servicios por encima del coste de referencia.
