García Ortiz deberá comparecer por presunta "revelación de secretos" relacionados con el novio de Ayuso, al igual que la fiscal jefe provincial y el recién imputado, Diego Villafañe.
El magistrado del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, ha citado a declarar como investigados al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y a la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, en el marco de una investigación por la supuesta revelación de secretos. Las citaciones se realizarán el 29 y 30 de enero, respectivamente, mientras que el 5 de febrero será el turno de Diego Villafañe, teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado.
El juez Hurtado ha extendido la condición de investigado a Villafañe, al considerar que, de manera coordinada con los otros dos imputados, podría haber existido un «concertado para revelar secretos o informaciones reservadas» que no debían ser divulgados, y que están relacionados con el caso de fraude fiscal del novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Este comportamiento, según el juez, podría configurar la comisión del delito contemplado en el artículo 417 del Código Penal.
Indicios apuntalados por la UCO
La decisión de citar a los tres fiscales como imputados se basa en los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, los cuales apuntan a que los investigados «pudieron tener una participación relevante en la filtración de información confidencial». El informe de la UCO del 21 de noviembre de 2024 señala que Álvaro García Ortiz desempeñó un «papel preeminente» en los hechos que llevaron a la revelación de secretos, especialmente en relación con el correo electrónico fechado el 2 de febrero de 2024, que se filtró a la cadena SER el 13 de marzo.
En el auto, el magistrado destaca que las diligencias realizadas hasta ahora apuntan con «un alto grado de verosimilitud» a que García Ortiz fue la persona que dirigió las acciones que condujeron a la filtración, actuando con una «posición de superioridad» sobre otros fiscales. El correo en cuestión fue recibido en su cuenta de correo personal en la noche del 13 de marzo de 2024, «lo que revela una urgencia y tensión en los momentos previos a su difusión».
Por su parte, el juez también señala que Pilar Rodríguez facilitó el expediente relacionado con el caso de Alberto González Amador a Diego Villafañe, quien, según las investigaciones, estaba involucrado en la posterior filtración del mismo expediente a elDiario.es el 12 de marzo. Además, Rodríguez fue quien «hizo llegar el correo de 2 de febrero de 2024» a la Fiscalía General del Estado, a sabiendas de la finalidad que se perseguía.
El papel de Diego Villafañe
El magistrado también extiende la condición de investigado a Diego Villafañe, considerando que su implicación, aunque de menor relevancia, no debe ser descartada. Villafañe, como teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General, estuvo en contacto con la fiscal Pilar Rodríguez, quien «le remitiría el expediente del caso que acabaría siendo filtrado». El juez hace hincapié en que los informes de la UCO aportan elementos indiciarios sólidos que refuerzan esta acusación.
La difusión en medios y la intervención política
En cuanto a la difusión de la información filtrada, el juez subraya que el mismo correo de 2 de febrero de 2024 que inicialmente circuló dentro de la Fiscalía General del Estado, llegó a la Presidencia del Gobierno. «Desde allí, el correo fue utilizado con fines políticos, especialmente por Juan Lobato Gandarias, portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid, quien lo empleó durante una intervención en el Pleno de la Asamblea». Señala.
El correo filtrado, que inicialmente «había sido enviado desde la Fiscalía General», fue posteriormente publicado en el medio ElPlural.com, aunque con los datos personales borrados. «Esto fue facilitado por la Presidencia del Gobierno, con el fin de que se hiciera uso de la información en la Asamblea. Los testimonios recogidos durante la investigación apuntan a que hubo una clara intención política en la publicación de dicha información». Insiste el magistrado del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado.
El juez resalta que la UCO ha aportado pruebas cruciales, y destaca la profesionalidad de este organismo, cuya imparcialidad no debe ser cuestionada sin fundamento. Las diligencias y los informes periciales elaborados por la UCO refuerzan los indicios de que Álvaro García Ortiz, Pilar Rodríguez, y Diego Villafañe jugaron un papel importante en la filtración de secretos y la posterior divulgación de la información confidencial. Concluye.
Fotografía portada: Archivo X-@fiscal_es.
