El presidente del TPI, Piotr Hofmanski, ha calificado la emisión de órdenes de arresto contra Putin y Lvova-Belova como un "momento importante" en la historia judicial de la corte, al entender que existen "alegaciones creíbles" contra ambos.
El Tribunal Penal Internacional (TPI) ha dictado este viernes una orden de arresto contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin, bajo la acusación de crímenes de guerra por la deportación forzada de niños ucranianos desde zonas capturadas durante la guerra en Ucrania hacia territorio ruso.
La corte también ha emitido una orden de arresto por el mismo motivo contra la comisaria presidencial de los derechos de la Infancia de la Federación de Rusia, Maria Alekseievna Lvova-Belova, según se informó en un comunicado.
Según el TPI, existen «motivos razonables» para sospechar que Putin tiene «responsabilidad penal individual» en estos crímenes, ya sea por haberlos cometido «directamente» o por no haber sido capaz de «ejercer un control adecuado sobre los subordinados civiles y militares que llevaron a cabo los actos».
El Kremlin ha negado rotundamente las acusaciones de Kiev y sus aliados sobre la deportación forzada de niños ucranianos hacia territorio ruso. El Gobierno ucraniano sostiene que al menos 16.000 niños han sido desplazados contra su voluntad desde el inicio del conflicto, mientras que un estudio reciente presentado en febrero por la Universidad de Yale informaba de al menos 6.000 niños ucranianos distribuidos en 40 internados rusos.
Las órdenes de arresto emitidas este viernes son los primeros cargos internacionales presentados desde el inicio del conflicto, después de meses de trabajo de un equipo especial de investigación dirigido por el fiscal jefe del TPI, Karim Khan. La emisión de las órdenes ha requerido la aceptación de la validez de las pruebas presentadas por un panel preliminar de jueces.
La posibilidad de que Putin sea juzgado por el TPI es prácticamente nula por varias razones: la corte no puede atender casos en ausencia del acusado, Rusia se retiró del Estatuto de Roma en 2016, que sirve de base legal para el tribunal, y el Kremlin no tiene ninguna intención de entregar a ningún funcionario ruso a la corte, como ha declarado en numerosas ocasiones.
No obstante, el TPI tiene la capacidad de imputar a Putin al menos en casos de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad o genocidio, ya que no reconoce la inmunidad de los jefes de Estado en estos casos.
Es importante destacar que el TPI ha hecho una excepción al identificar por nombre a Putin y Lvova-Belova, en contra de la doctrina habitual que favorece el anonimato. Esto se debe a que «el conocimiento público de las órdenes puede contribuir a la prevención de la comisión de nuevos delitos», especialmente en lo que se refiere a la deportación infantil forzada que aún continúa.
«UN MOMENTO IMPORTANTE»
El presidente del TPI, Piotr Hofmanski, ha calificado la emisión de órdenes de arresto contra Putin y Lvova-Belova como un «momento importante» en la historia judicial de la corte, al entender que existen «alegaciones creíbles» contra ambos.
Hofmanski ha recordado que el derecho internacional prohíbe a cualquier potencia ocupante la transferencia forzada de civiles del territorio en el que residen a otros lugares.
El TPI está haciendo su parte como tribunal de justicia.
Conforme ha afirmado Hofmanski, aunque ha reconocido que la ejecución de las órdenes de arresto «depende de la cooperación internacional».
Por lo tanto, Hofmanski ha subrayado la necesidad de hacer públicas las identidades del presidente ruso y de la comisaria «en interés de la justicia» y para «evitar futuros delitos».
