El Tribunal Supremo resalta que el exalcalde de Vila-real, Rubert, tenía la responsabilidad de actuar como garante y no lo hizo, a pesar de saber que se estaban fragmentando facturas para evitar la licitación pública de contratos y adjudicándolos directamente a la misma empresa.
La Sala Penal del Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia que impone una condena de 8 años y 6 meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público al exalcalde de Vila-real (Castellón), Juan José Rubert, por cometer de manera continuada el delito de prevaricación administrativa. Esta condena se debe a su participación en la adjudicación de dos obras sin seguir los procedimientos de contratación y licitación pública, además de fragmentar las facturas para evitar superar los 30.000 euros.
Asimismo, el alto tribunal ratifica la condena de 7 años de inhabilitación especial para el concejal delegado Ramón Tomás Céspedes por su participación en un delito de prevaricación administrativa, según se ha informado en un comunicado.
Por otro lado, el empresario Antonio P.D., tercer acusado en el mismo caso, ha sido absuelto de la condena como cooperador necesario de la prevaricación. Esta decisión se debe a la falta de menciones claras en los hechos probados sobre su grado de participación en representación de la empresa.
En relación a Juan José Rubert, quien ejercía como alcalde en el momento de los hechos, su recurso ha sido rechazado y se subraya que su función era garantizar la legalidad, por lo que tenía la obligación de tomar medidas y no lo hizo a pesar de tener conocimiento del fraccionamiento de facturas para eludir los procedimientos de contratación, otorgando directamente los contratos a la misma empresa.
